El Lobby Automovilístico Europeo

Tobias Haas & Hendrik Sander

A menudo, la historia de la Unión Europea (UE) se cuenta como un relato de paz y de prosperidad económica. Sin embargo, también puede enmarcarse en términos de un rápido crecimiento en el sector del transporte, que está firmemente controlado por el «capitalismo fósil». El invento en el corazón de este modelo de movilidad, que está provocando una extensa destrucción medioambiental, es el motor de combustión interna (Candeias et al. 2011; Balsmeyer/Knierim 2018; Haas 2018).

El balance de los gases de efecto invernadero no deja lugar a dudas, ya que el sector del transporte fue responsable de aproximadamente el 25 % de las emisiones de toda la UE en 2015. A pesar de que los fabricantes de automóviles ya se comprometieron en 1998 a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, este compromiso voluntario no ha tenido ningún impacto sobre dichas emisiones. A raíz de esto, la UE decidió imponer un límite obligatorio para el conjunto de la flota de automóviles de 95 gramos de CO2 por kilómetro de aquí al año 2021. A fines de 2018, la UE acordó que las emisiones de los automóviles nuevos deberían reducirse en un promedio del 37,5 % de aquí al año 2030. Este fue un éxito considerable para los grupos ecologistas. Sin embargo, las decisiones que se tomaron aún están muy lejos del acuerdo climático de París de 2015, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

El crecimiento del tráfico no solo está calentando la atmósfera terrestre, sino que las partículas finas y el óxido nitroso emitido por los motores de combustión interna son gravemente perjudiciales para la salud humana. El escándalo del diésel mostró que las empresas automovilísticas manipulaban el software en vehículos diésel para asegurarse de que las emisiones de partículas y nitrógeno en las pruebas de laboratorio resultasen muy inferiores a los niveles que se encuentran en el tráfico real por carretera. Mientras que los tribunales en EE. UU. condenaron a estas empresas, en particular a Volkswagen, a pagar multas de miles de millones de dólares, los políticos en la UE continúan tratando a la industria automovilística con guantes de seda.

Los automóviles continúan emitiendo cantidades ingentes de contaminantes tóxicos y los legisladores no están adoptando medidas efectivas para detener esto, en gran parte debido al peso económico y al fuerte cabildeo político por parte de los fabricantes de automóviles. Volkswagen y otros fabricantes de automóviles figuran entre las empresas más poderosas de la Unión Europea. Durante décadas, estas empresas han mantenido vínculos muy estrechos con las instituciones de la UE, ejerciendo una considerable influencia en su política. Hasta la fecha, los fabricantes de automóviles han conseguido bloquear medidas efectivas en materia de protección del clima y del medio ambiente en el sector del transporte europeo.

Sin embargo, corren el riesgo de perderse un importante punto de inflexión. Desde hace años, la importancia de las formas alternativas de propulsión, tales como las baterías utilizadas en vehículos eléctricos, los nuevos servicios de movilidad como el uso compartido de automóviles y la interconexión de diferentes modos de transporte, ha ido en aumento. En la actualidad, están probándose incluso automóviles autónomos (PwC 2017-2018; Daum 2018). Empresas como Tesla, Apple, Google y la china BYD están siendo pioneras a la hora de impulsar estos desarrollos.

Y las empresas automovilísticas consolidadas también están inyectando miles de millones de euros en nuevas tecnologías. Simultáneamente, están intentando defender el mayor tiempo posible su modelo empresarial tradicional, basado en el motor de combustión interna, hasta ahora con relativo éxito. Con independencia de si los grandes fabricantes de automóviles consiguen aprovechar su poder de presión para perpetuar el statu quo en su industria o si acabaremos viendo un gran número de automóviles eléctricos circulando por nuestras carreteras en un futuro no muy lejano, ninguno de estos escenarios respondería a la necesidad de una revolución socioambiental del transporte. Esta requeriría la sustitución del automóvil por el transporte público, medidas destinadas a prevenir el tráfico y, por último, la transformación de las áreas residenciales y los regímenes de tiempo (Balsmeyer/Knierim 2018; MISEREOR/Brot für die Welt/Powershift 2018; Haas 2018).

¿Cómo pueden las fuerzas políticas de izquierda ayudar a imponer unos valores límite ambiciosos y a acelerar la desaparición del motor de combustión interna? Por otra parte, ¿cómo pueden evitar que la citada revolución del transporte se limite a la introducción de automóviles inteligentes y eléctricos? La primera condición indispensable para logar estos objetivos es analizar el inmenso poder de presión del capital de la industria automovilística en la UE y formular estrategias para hacer frente a dicho poder.

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