Comienza el primer gobierno de coalición con participación de la izquierda desde la segunda República

• Tras 4 elecciones en menos de 4 años, Unidas Podemos entra en minoría en el gobierno de coalición liderado por el socialdemócrata PSOE.
• Unidas Podemos tendrá a su cargo una vicepresidencia y 4 ministerios.
• Las negociaciones han pasado inexorablemente por la abstención de los independentistas catalanes de ERC y los de Euskadi EH Bildu y el voto a favor de varias formaciones regionalistas y los nacionalistas vascos del PNV y gallegos del BNG.

Tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y tal y como reportamos en otros artículos previos, la correlación de fuerzas parlamentarias dejaba fuera del escenario a la derecha y la extrema derecha para formar gobierno. De forma consistente el PSOE ha mantenido su espacio político a la vez que Unidas Podemos ha obtenido cada vez peores resultados pero manteniendo un suelo electoral históricamente alto para las formaciones de la izquierda transformadora a nivel estatal.

La estrategia de Unidas Podemos desde la celebración de las terceras elecciones ha sido la de proponer un gobierno de coalición, ya que según sus cálculos, contando con la abstención y el apoyo de otros grupos parlamentarios, se podría llegar a formar un gobierno rojo-rojo. Esta opción es inédita dado que nunca antes en el estado español se ha dado un gobierno de coalición.

Las negociaciones que se dieron desde noviembre y que tuvieron su escenificación pública a menos de 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre en un giro de estrategia por parte del PSOE, que negó sistemáticamente un gobierno de coalición, tras las fallidas negociaciones del verano de 2019 ha dado sus frutos. Así pues, Unidas Podemos obtiene la vice-presidencia Social (una de las 4 vice-presidencias del nuevo gobierno de coalición), que encabeza Pablo Iglesias, así como el Ministerio de Trabajo, el de Consumo, el de Igualdad y el de Universidades. Trabajo y Consumo, estarán liderados por Yolanda Díaz y Alberto Garzón respectivamente, ambos miembros y militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Igualdad estará capitaneado por Irene Montero, de Podemos y actual portavoz del grupo parlamentario. Por último, Universidades estará bajo la dirección de Manuel Castells, de En Comú Podem.

Los retos a los que se enfrenta el gobierno son amplios en un contexto de ajuste que exige la Unión Europea y que encarna la vice-presidencia económica en la figura de Nadia Calviño. No en vano, el acuerdo programático entre ambas formaciones se centran en revertir las medidas más duras que el PP implementó durante su último gobierno, pero respetando el techo de gasto impuesto desde Bruselas, lo que impide una fuerte redistribución social ni medidas de gran calado transformador en cuestiones económicas. Todas las carteras con competencias económicas están bajo mando del PSOE, que ya ha manifestado que no desobedecerá a Bruselas. Del mismo modo, las competencias en materia migratoria y control de fronteras quedan blindadas bajo tres ministerios que capitanea el PSOE. No parece haber señales que indiquen que vaya a haber un giro en materia de migraciones, siendo el estado español el máximo exponente y alumno aventajado de la actual política migratoria europea. Asimismo, Comercio y Exteriores seguirán la línea del anterior gobierno socialista.

El rol de los nacionalistas e independistas

A ello se añade la complejísima situación del conflicto catalán que vertebra la opción de apoyos de los soberanistas e independentistas a corto y medio plazo, que pueden hacer que no haya nuevos presupuestos, por ejemplo. De hecho, ERC, quien facilitó la investidura con su abstención, ya ha anunciado que no facilitará los presupuestos si no hay avances en la mesa de diálogo entre el gobierno catalán y del estado español. Y esos avances, según dirigentes de ERC, pasan por la posibilidad de  hablar también de la autodeterminación.

El sistema electoral facilita la representación en el parlamento a nivel estatal de fuerzas que se presentan en determinadas circunscripciones, favoreciendo desde hace décadas una alta presencia de fuerzas regionalistas, nacionalistas, soberanistas e independentistas. Este sistema parlamentario responde a una realidad social y política que lleva cruzando la historia del estado español desde hace cientos de años que tiene que ver son su plurinacionalidad.

Estabilidad y gobernabilidad: el gran reto

En este contexto y como decíamos en los artículos previos, no habrá gobernabilidad sin las fuerzas parlamentarias catalanas y vascas (ya en el pasado tanto conservadores como socialdemócratas han acudido a las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas para asegurarse investiduras). Y por tanto no habrá gobernabilidad sin un giro, por parte del PSOE, en el tratamiento de las cuestiones nacionales hacia una estrategia más democrática y menos autoritaria de la que hemos vivido hasta ahora. La aplicación del artículo 155, la negación de una mesa de diálogo y la existencia de presos políticos, tendrán que formar parte del pasado si el PSOE quiere estabilidad y gobernabilidad en los próximos 4 años.

En este sentido, tanto ERC como EH Bildu (las dos fuerzas progresistas independentistas) se abstuvieron en la investidura de Pedro Sánchez. En el caso vasco, justificaron su abstención para frenar a la extrema derecha y en solidaridad con las clases populares del estado. En el caso catalán, este gesto de apoyo tiene que ver con dejar una posibilidad abierta a una negociación política, que en ningún caso sería posible con las derechas españolas.  Está por ver cómo se puede desarrollar esa negociación política y hacia dónde puede ir encaminada dada la profunda tradición unionista del PSOE. A esto hay que añadir, la sentencia del Tribunal Supremo, que avala la resolución de la Junta Electoral Central, de inhabilitar a Oriol Junqueras (ERC) como eurodiputado y mantenerlo en prisión, en contra de lo dictado por el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo. Este hecho es un síntoma de una tendencia en el estado español, politización de la justicia. O lo que es lo mismo, pérdida de poder de las instituciones y más protagonismo del poder judicial, de tradición ultra conservadora en el caso del estado español.

En el caso de los partidos conservadores nacionalistas, el PNV vasco votó a favor de la investidura (votos clave para que esta ocurriera) y Junts per Catalunya, bastante debilitada, votó en contra. Quien también votó en contra junto con todas las derechas, fueron los independentistas y anticapitalistas de la CUP, “por motivos diametralmente opuestos”, según sus dirigentes.

El debate sobre la inestabilidad de este gobierno y el fantasma de la ingobernabilidad e incapacidad de llegar a acuerdos en materia presupuestarias, así como sacar adelante ciertas leyes, seguirá sobrevolando. No hay que olvidar, que la investidura salió adelante por sólo dos síes más que noes en el parlamento y que depende de las fuerzas independentistas. Sin embargo, no hay otra correlación de fuerzas posible a pesar de los devaneos del PSOE con los liberales o la idea de una gran coalición durante la campaña electoral.

Institución y movimientos sociales

En términos más sociales, sería muy importante que este gobierno pudiera legislar e implementar medidas para las mayorías sociales de forma contundente. La reforma de la legislación laboral, la subida del salario mínimo, un sistema impositivo justo, la derogación de la ley mordaza que lleva atenazando a los movimientos sociales años, medidas feministas atrevidas, la reforma del sistema de pensiones etc. Pero insistimos en que la correlación de fuerzas en el parlamento no siempre lo van a permitir. A esto hay que añadir,  que sin un contrapeso en las calles que presione por todos estos cambios va a ser complicado que estos cambios se lleven a cabo. Sin embargo, el ciclo de movilizaciones no parece estar en su mejor momento. Y desafortunadamente, ya hemos vivido el ejemplo con los movimientos municipalistas: la izquierda en el estado español es muy explosiva y masiva, pero no mantiene las presiones de forma muy consistente (excepto en algunos honrosos casos), cuando se llega a las instituciones. Esto puede debilitar mucho la acción de gobierno, ya de por si constreñida por muchos determinantes.  Además, no se debería caer en el error estratégico de dejar el monopolio de la calle – VOX ya está llamando a concentraciones en nombre de la unidad de España- ni de la crítica a una derecha y extrema derecha agresiva, con tono guerracivilista e incapaz de aceptar los resultados electorales.