Luces y sombras del sector energético español
Un puñado de grandes empresas transnacionales controlan gran parte del pastel de la electricidad.
La muerte de Rosa sigue escribiéndose, aunque ocurrió hace más de cuatro años. La mujer de 81 años residía en Reus (Cataluña) y en noviembre de 2016 falleció en el incendio de su casa. Una vela de las que utilizaba para alumbrarse prendió la llama. Hacía dos meses que la habían cortado el suministro eléctrico por una deuda de 200 euros. Pobreza energética, lo llaman.
La compañía que cortó a luz a Rosa fue Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, y es una de las grandes empresas que controlan el sector energético en el Estado español. La Generalitat la multó con 500.000 euros por incumplir la legislación catalana, que no permite efectuar el corte si antes la suministradora no ha comunicado el impago a los servicios sociales municipales. Pero Naturgy recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, a finales del año pasado, dio la razón a la gran compañía. “Este caso marcó un punto de inflexión porque hasta entonces se saltaban la ley sistemáticamente”, sostiene María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). El caso de Rosa saltó a los medios de comunicación, pero los miles de personas que sufren pobreza energética en el Estado español apenas aparecen en los titulares.
El precio de la factura de la luz ha subido en España en los últimos años (concretamente, el 66,8 por ciento entre 2008 y 2018), a la par que lo han hecho quienes no pueden afrontar su pago o no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada. Según los datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, casi tres millones de personas acumulan retrasos en el abono de las cuotas. Y la cifra sube hasta los casi siete millones cuando se introduce la variable de la temperatura del hogar. La misma organización, en un informe que data de 2018, recoge que España está entre los países de la Unión Europea con los precios de la energía doméstica más caros y donde más han aumentado desde 2008, fecha clave porque la liberalización del sector finalizó un año antes.
“El principal responsable de que haya pobreza energética es el modelo. Se ha dado la gestión a grandes empresas privadas que hacen negocio con algo que la gente necesita para vivir. Para erradicar la pobreza energética hay que cambiar este modelo”, sostiene Campuzano en conversación telefónica. El negocio de la electricidad en España se divide en cuatro sectores: la generación y la comercialización, que están liberalizados y por lo tanto cuentan con la participación de muchas entidades, además del transporte y de la distribución, que siguen regulados y controlados por pocas manos, y en el que no pueden entrar más compañías.
En la distribución figuran las grandes compañías que controlan el sector, en una situación que puede calificarse de ‘oligopolio’. Y el transporte, a modo de monopolio natural, pertenece a Red Eléctrica de España, una privada que cotiza en bolsa y de la que un 20 por ciento está controlada por el Estado. La participación del Estado, a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), apenas queda patente en la colación de cargos. La actual presidenta de Red Eléctrica de España es Beatriz Corredor, exministra de Vivienda entre 2008 y 2010; y antes ocuparon el cargo el también exministro Jordi Sevilla y el exdiputado popular José Folgado, con diversas Secretarías de Estado en su currículo. No es extraño que se acuse al Gobierno de turno de tener en Red Eléctrica en “una agencia de colocación de afines”. “El eléctrico es uno de los poderes económicos más fuertes que tenemos en el Estado español y cuenta con mucha opacidad. Esto tiene que ver con las puertas giratorias, lo que contribuye al gran poder”, expone María Campuzano.
LAS NUEVAS COMERCIALIZADORAS
“La parte liberalizada no es donde hay más negocio económicamente hablando. La distribución se lleva un dinero que al final pagamos todos por acceso a la red. Esto es un sector oligopólico, complejo y opaco”, resume Erika Martínez, presidenta de Goiener. Esta cooperativa de generación y consumo de energía renovable opera principalmente en el ámbito de la comercialización y “quiere recuperar la soberanía energética”, explican en su web. Martínez cuenta que tratan de hacer mucha pedagogía para “demostrar que sí hay alternativas”. Para eso, tratan de acercar el sector a la ciudadanía. “En cuanto a discurso les hemos ido forzando a las grandes. Ahora son todas muy verdes, muy feministas, muy participativas… Las cooperativas, aunque trabajamos a escala local, tenemos como objetivo hacer de contrapeso”, continúa la presidenta de Goiener, que opera en el País Vasco y Navarra.
Unión Renovables agrupa a una veintena de cooperativas de personas consumidoras y usuarias de energías renovables de ámbito municipal y regional de todo el Estado que, entre otras cosas, buscan que la ciudadanía pase de un rol exclusivamente consumidor a otro participativo. Estas entidades proponen además un modelo de generación y comercialización transparente y ético apegado al desarrollo del territorio local. “En el aspecto técnico funcionamos como otras, pero los objetivos los fijan las socias y somos sin ánimo de lucro, así que no entramos en los juegos de ganar el máximo o no ser transparentes. Aunque nosotras vivimos de lo que la gente consume, les decimos que consuman menos. Nuestra forma de funcionar es diferente”, continúa Martínez.
Muchas de estas cooperativas surgieron a partir de 2007, pero algunas rozan los cien años de historia, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Han sobrevivido a las presiones del sistema eléctrico. Pepita Company habla con pasión de su cooperativa y de las trabas que les han puesto para lograr funcionar durante casi un siglo. “Desde que yo estoy, dos veces han intentado que las cooperativas desaparecieran; pero ahora estamos fuertes”, recuerda la secretaria de Alginet, que además de ser comercializadora y generadora, a través de una plata fotovoltaica, son distribuidora en el propio municipio, una excepción en el Estado. “Somos la segunda más grande de Valencia y la única en España que tiene una subestación eléctrica propia, sin compartir con Iberdrola”, apunta Company con orgullo.
No todas la comercializadoras surgidas en los últimos años son cooperativas. Hay muchas privadas y algunas municipales, como es el caso de Barcelona Energía o Eléctrica de Cádiz. “Que haya comercializadoras públicas o cooperativas es un primer paso muy interesante en esta lucha para cambiar el modelo, pero no es suficiente porque la comercialización es una parte muy pequeña del sector. El problema está en la distribución y ese es el camino que falta por recorrer: cómo recuperar esta gestión de la distribución. Ahí es donde el oligopolio tiene mucho poder, casi un monopolio”, subraya Campuzano.
EL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN
De regreso a la distribución, su cartografía territorial está copada por cinco grandes transnacionales, que forman “un monopolio natural por zonas”, apunta Álvaro Campos, profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU): Endesa (ahora está en manos de la italiana Enel, pero su origen es público, hasta que fue privatizada por el Gobierno de José María Aznar), Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo. Son las cinco punteras, las elegidas. Compañías también presentes en los mercados de la generación, donde tienen distintas tecnologías de producción, desde nuclear a eólica pasando por hidroeléctrica.
Hasta el pasado mes de enero, las cinco grandes compartían intereses, bajo el paraguas de una suerte de patronal: aelec (llamada Unesa hasta 2018), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que ha declinado por escrito hacer declaraciones para este reportaje. A inicios de año, Naturgy rompió la baraja por el apoyo de aelec al anteproyecto de ley para crear un fondo con el que pagar el coste de las renovables, a través de un recargo en el consumo de gas y carburantes.
Las raíces de aelec aclaran un poco mejor la envergadura de esta suma de fuerzas: Unesa fue creada en 1944 a propuesta de José María de Oriol Urquijo, el que fuera durante 40 años presidente de Hidroeléctrica Española (luego Iberdrola) y que ostentó también la presidencia de la asociación empresarial. Desde entonces Unesa asumió las funciones de coordinación de la industria eléctrica en el país. A través de una reunión entre el dictador Francisco Franco y Urquijo, se estableció que “las empresas se ocuparían de resolver el problema de las restricciones y de mantener el crecimiento de la oferta en consonancia con los planes industrializadores del Gobierno y, a cambio, la industria eléctrica se mantendría al margen del intervencionismo gubernamental, permitiendo que las empresas se autorregularan”, expuso Javier Pueyo en el IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica.
Las empresas distribuidoras lideran, por cierto, el ranking de las compañías que más dióxido de carbono emiten en España, según los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de 2018. Endesa encabeza la lista con diferencia y le siguen Repsol (que ha entrado en el mercado eléctrico recientemente), Naturgy y EDP; Viesgo ocupa el séptimo puesto e Iberdrola el octavo. No es el único listado en el que destacan estos nombres. Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol también están en la relación de las firmas con más capitalización en el Ibex 35 (la transnacional EDP no cotiza en la bolsa española). Por cierto, Endesa también ha declinado participar en este reportaje, remitiéndose a aelec, mientras que Iberdrola no ha contestado.
Volviendo al negocio de la distribución, una de las alternativas más importante sería para Álvaro Campos la remunicipalización de estas redes: “Eso permitiría mucha flexibilidad para hacer políticas energéticas locales sin lidiar con empresas privadas”. Y es que, con la liberalización del sector español entre 1997 y 2007, las grandes se quedaron con la propiedad de las líneas de baja tensión, que son las llevan la electricidad hasta quien consume. En este punto, el profesor de la UPV/EHU insiste en la necesidad de que haya debates públicos y formación para que sea posible una exigencia de cambios por parte de la ciudadanía.
DESMONTANDO LA FACTURA
El precio de la luz se disparó el pasado enero, según la explicación oficial, por la nevada Filomena. Y volvió a desbocarse en abril, esta vez, sin excusa atmosférica de por medio. El sector eléctrico salta con frecuencia a los titulares de prensa por los desorbitados precios de la luz, que responden a una nebulosa difícil de disipar.
Resulta que en los recibos se paga algo así como una subasta: se paga por la potencia que cada hogar tiene contratada y también por lo que efectivamente consume cada mes, cantidad a la que hay que sumar los impuestos (con un IVA del 21 por ciento, aunque la energía sea un bien de primera necesidad) y los llamados “peajes” que siempre paga la ciudadanía. Estos peajes se corresponden con la parte regulada del sector, es decir, el transporte y la distribución, que se llevan un parte grande de la factura. Suponen unos 6.500 millones de euros al año, según ha publicado la revista Energías Renovables en un reportaje titulado ‘Bajar el precio de la luz es muy fácil’. De ellos, para Red Eléctrica (la encargada del transporte, es decir, de las líneas de alta tensión que cruzan los cielos) fueron unos 1.700 millones de euros, y los restantes 4.800 para las cinco grandes distribuidoras. Por cierto, un sistema de distribución que, según explica el catedrático de termodinámica Valeriano Ruiz en la misma revista, “debería ser propiedad del Estado porque lo hemos pagado entre todos”.
El precio de la electricidad realmente consumida es variable. Desde 1997 se establece diariamente a través de un sistema llamado ‘pool energético’, una especie de piscina en la que van entrando las distintas tecnologías de generación eléctrica, cada una con su precio y empezando por la más barata, hasta completar las necesidades energéticas del momento. Por lo general el orden es el siguiente: nuclear, renovables, gas, petróleo y carbón. El precio final lo determina la última energía en entrar, precisamente la más cara, que es la que establece el valor para todas. Porque por todas se paga lo mismo independientemente de los costes derivados de su generación.
Aquí es donde entra en juego la principal baza de la hidroeléctrica, que puede decidir cuándo producir o, dicho de otra forma, cuándo inflar los precios, como corroboran diversas fuentes. La hidroeléctrica entra en el pool antes que el gas, cuyo precio está influido tanto por los mercados de gas como por los de CO2. Conocedoras de esas tarifas, las compañías que gestionan los pantanos (nuevamente grandes compañías beneficiarias de concesiones públicas) suben las suyas y el efecto dominó es automático, aspecto que también denuncia la OCU. La cooperativa Goiener ha publicado un texto para explicar esto mismo a sus socias.
NUEVOS HORIZONTES
Los acuerdos de gobierno firmados por el PSOE y Unidas Podemos recogen, entre otras propuestas, la elaboración de normas legales para reformar el mercado eléctrico y que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad. También incluyen cambios normativos para acabar con la sobrerretribución que reciben determinadas tecnologías y modificar la factura eléctrica con la que incentivar la eficiencia energética. De momento, la nueva facturación que entrará en vigor en junio impondrá el establecimiento del precio por horas o tramos (periodos punta, llano y valle), a través de cambios en los peajes; esto significa que será más barato poner la lavadora o el horno a determinadas horas, pero solo para la clientela que tenga contratada precios regulados con su comercializadora.
A la espera de ver si realmente se ponen en marcha los cambios firmados y del alcance real que puede suponer la nueva factura, en los últimos años sí ha habido modificaciones en el sector. Además de la aparición de las comercializadoras, desde 2019 se permite que lo sobrante del autoconsumo de energía se pueda volcar a la red y cobrar por ello. Aparte, desde el ámbito europeo llegan dos nuevas figuras jurídicas de propiedad colectiva y gobernanza democrática, la ‘comunidad ciudadana de energía’ (aún sin definir, pero que tendrá que incluir la normativa estatal antes del 30 de junio de este año) y la ‘comunidad de energías renovables’ (en la que pueden entrar empresas). Ni una ni otra deberían generar beneficios financieros, sino ambientales y sociales. “Existe un movimiento ciudadano muy fuerte y cada vez mayor que está esperando la oportunidad de impulsar la transición energética. Ante la falta de transposición de las directivas europeas, las iniciativas existentes en este sentido van por delante de la legislación”, explica la oenegé Amigos de la Tierra, en el documento ‘Estado actual de la energía comunitaria en el Estado español y recomendaciones para fortalecerla’.
Mientras se redefine el tablero y por si acaso, las grandes compañías ya han entrado en este nuevo marco. ‘Repsol democratiza el autoconsumo: lanza 30 comunidades energéticas’, titula una información de El Economista. “Es complicado saber si esto va a cambiar las cosas”, reflexiona Erika Martínez. “En teoría, sí, porque esto abre la puerta al autoconsumo distribuido y a que la gente entre en el sector eléctrico, pero nuevamente dentro de lo que es la generación y la comercialización”, añade. Esther Muñoz Alonso es ingeniera y trabaja para que estas nuevas figuras jurídicas y proyectos sean de verdad transformadores. Denuncia diversas dificultades, como los procedimientos administrativos con las distribuidoras que pueden alargarse durante un año. Desde su iniciativa Kisar ha asesorado a cinco proyectos que priman la participación efectiva: “Lo principal no es la energía, sino la participación. Formar e informar, dar las herramientas para decidir y gestionar. Hay que formar a la gente para que sea activo de la transformación energética”.
Estas nuevas figuras jurídicas, de las que aún no se puede concretar su alcance y transformación, son parte de la estrategia de transición energética que busca la Unión Europea para los próximos años. Las metas en España están explicitadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que “espera lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42 por ciento” y el 74 por ciento de energía renovable en la generación eléctrica. Para situar estas cifras puede tomarse como referencia 2020, cuando la cuota de generación de las renovables alcanzó el 43,6 por ciento de la generación de energía, la mayor desde que existen registros, según datos de Red Eléctrica.
El PNIEC habla de transformar el sistema energético “hacia una mayor autosuficiencia energética sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el eólico”. También recoge “el impulso al despliegue de las energías renovables, la generación distribuida y la eficiencia energética”, que, consideran desde el Gobierno, “generará importantes oportunidades de inversión y empleo”. Y añade: “Se prevé que, mediante el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales, así como medidas específicas destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización, se incremente la diversidad de actores y la existencia de proyectos participativos tanto en la generación de energía renovable, como en el conjunto del sistema energético”.
EL CUESTIONABLE AUGE DE LAS RENOVABLES
Más allá de las intenciones, lo que por ahora es una realidad es el aumento de proyectos de generación de energías renovables, principalmente eólicos y fotovoltaicos de gran tamaño. El pasado mes de febrero se creó la Alianza Energía y Territorio (Aliente), una organización que agrupa de momento a 127 colectivos de diversos puntos del país y que denuncia el modelo de energías renovables que se está imponiendo, “masivo, sobredimensionado” y centralizado. Ofrecen datos: el PNIEC prevé que, de los 191 gigavatios (GW) de potencia instalada que tenga el sistema eléctrico en 2030, 89 GW provengan de energía eólica y de solar fotovoltaica. Luis Bolonio, uno de los impulsores de Aliente, subraya que, en estos momentos, hay 36 GW ya instalados en la red eléctrica y está previsto que otros 129 más pasen por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es decir, sobre la mesa hay 156 GW, prácticamente el doble de lo planificado para dentro de una década. Aliente también ha denunciado, con el apoyo de más de 250 científicos, los impactos irreversibles de estos proyectos en la biodiversidad.
“Estamos viendo un cambio de cromos de fósiles por renovables, pero el modelo, especulativo y de lucro, es el mismo. O más peligroso, porque tiene toda la buena prensa de la transición a renovables, que son necesarias, pero están colando una forma de entender la energía como una mercancía al estilo clásico”, explica Álvaro Campos.
Gran parte de los nuevos proyectos se está implantando en zonas rurales. Y ante la aparición de megaproyectos y la instalación de más redes de alta tensión también proliferan por diversos puntos de la península organizaciones vecinales en contra de estas iniciativas. “Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades campesinas, territorios periféricos y las comunidades rurales, que son quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la utilización de sus recursos (incluyendo los combustibles fósiles), tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética, que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las lógicas de expolio”, explica la plataforma ciudadana por una Transición Energética Justa, que también considera que el PNIEC “no garantiza una transición ecológica justa y democrática”.
Otras de las cuestiones clave de la transición energética planteada son los límites físicos y espaciales de la renovables. Antonio Turiel, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, critica que se intente aprovechar la energía renovable “de una manera que no solo no es la más eficaz, sino que es tan mala que puede ser hasta incompatible con una sociedad funcional”, escribe en su blog. Turiel compareció el pasado mes de abril en el Senado para explicar que las renovables deberían crecer a un ritmo por encima del 10 por ciento anual durante veinte años para compensar la caída de producción del petróleo, del carbón y del uranio: “El problema es que las energías renovables tienen limitaciones, algunas de las cuales son que hay una cantidad máxima de energía que se puede extraer de los flujos del planeta Tierra; que tienen una tasa de retorno que no siempre es suficiente para poder mantener una sociedad estructurada alrededor de ellas; que tienen una dependencia de las energías fósiles; que tienen una rentabilidad económica que no siempre es adecuada; y que están orientadas a la electrificación y no siempre es electrificación lo que necesitamos”.
En la Cámara Alta, el científico subrayó que se camina hacia un proceso de “descenso energético” porque va a haber una caída de la disponibilidad de la energía: “Desgraciadamente, no tenemos ninguna intención de abordar los problemas desde la base, que es básicamente que tenemos un modelo de sociedad extractivista basado en el crecimiento económico a ultranza”. Ante las preguntas de las senadoras y senadores, el científico expuso una visión crítica de los proyectos renovables que proliferan en el Estado español porque “están dirigidos a producir más electricidad, pero todavía no se ha demostrado que necesitemos más electricidad. Ahora mismo el esfuerzo se tendría que poner sobre todo en el aprovechamiento de esta y en demostrar que podemos aprovechar la electricidad para una mayor cantidad de usos”.
Álvaro Campos también se muestra preocupado de que puedan generarse falsas ilusiones ante “la ostentación y la maquinaria discursiva” de las grandes compañías respecto a la transición energética y que se esté “fastidiando la oportunidad de un cambio profundo”. Considera por ello imprescindible un cambio de modelo: “Ahora se genera la infraestructura y luego pensamos en las necesidades. Debería ser al revés. La planificación energética es heredera del sistema fósil, hemos perdido la perspectiva”.
A pie de calle, el asentamiento madrileño de la Cañada Real lleva unos siete meses sin luz. Como en el caso de Rosa, la justicia se puso en febrero del lado de Naturgy, la empresa responsable de los cortes, para no devolver la electricidad a los cientos de personas que viven hoy en penumbra.