Conferencia online: Una política industrial progresista para el empleo y la protección del clima – Una transición justa para la industria del automóvil
15 de julio de 2021
Estos temas se debatieron en la conferencia con los/las siguientes ponentes: Ulrike Eifler, DIE LINKE, portavoz de BAG Betrieb und Gewerkschaft; Benjamin Denis, IndustriALL; Katharina Stierl, Students for Future (Estudiantes por el Futuro); Károly György, Confederación Húngara de Sindicatos
El vídeo de la conferencia está disponible, en lengua inglesa, en el siguiente enlace:
www.youtube.com/watch?v=tcJhEXatfqE
Versión alemana del vídeo:
www.youtube.com/watch?v=ZokCs4dCayk
Las recientes pérdidas de puestos de trabajo que se han producido en la industria del automóvil y su cadena de suministro en todo el mundo a raíz de la pandemia han puesto de manifiesto que el futuro de dicha industria no puede sino ser sostenible y climáticamente neutro. A la vista de la próxima cumbre climática (COP26) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es evidente que limitarse a anunciar el objetivo de “neutralidad climática para 2050” no alcanza el nivel necesario de ambición climática y, sin duda, no será suficiente para garantizar un tratamiento justo a los sectores sociales más vulnerables en la actualidad y asegurar su supervivencia.
Es imprescindible invertir para que el sector del transporte se ajuste a los objetivos del Acuerdo de París, es decir, hay que invertir masivamente en el transporte público y en el transporte ferroviario en particular. A tal fin, necesitamos una política industrial con visión de futuro que cree puestos de trabajo alternativos y transforme oportunamente algunas partes de la industria del automóvil. Necesitamos un nuevo contrato social que permita crear puestos de trabajo respetuosos con el clima y lograr una “transición justa” para los trabajadores y trabajadoras de la industria del automóvil. La creación de “buenos empleos”, acordados colectivamente y sindicalizados, así como la formación y el reciclaje profesional, deben ser consustanciales con este proceso.
Ulrike Eifler (DIE LINKE) comenzó dejando claro que una política industrial progresista para el sector del transporte implica mucho más que pasar sencillamente de los motores de combustión a los grupos motopropulsores eléctricos. Por el contrario, es necesario un enfoque integral para lograr un verdadero cambio en la movilidad. Sin embargo, los/as 12 millones de empleados/as de la industria automovilística europea no deben quedar al margen de los avances tecnológicos. Hay que evitar que ocurran procesos de desindustrialización, como los que se han producido en Estados Unidos, donde regiones enteras han quedado relegadas al abandono.
Tal y como señaló Ulrike, el poder sindical de los/as trabajadores/as de la industria automovilística alemana es ejemplar para otros sectores y un pilar de los sindicatos y de la clase trabajadora en su conjunto. Sin embargo, la transformación de la industria del automóvil plantea un gran desafío, al igual que lo hacen la necesaria transición energética hacia las energías renovables y la creciente digitalización del mundo laboral (palabras clave: transporte público sin conductor, robotización). Los cambios estructurales en curso están modificando los perfiles de los puestos de trabajo y socavando la confianza laboral. También constituyen una peligrosa puerta de entrada a una mayor desregulación y flexibilización de las relaciones laborales, lo que a su vez podría agravar la erosión de las condiciones de trabajo y la precarización del empleo. Ejemplos de ello son la expansión de la “economía de plataformas”, la supresión de los límites a la jornada laboral en el teletrabajo, así como los ataques a la normativa sobre el tiempo de trabajo por parte del gobierno alemán durante la pandemia de COVID-19. Los debates sobre el aumento de la edad de jubilación también van en esa dirección. De esta manera, los costes sociales se trasladan a los/as trabajadores/as, mientras que, por otro lado, los costes ecológicos se trasladan simplemente al medio ambiente, tal como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que, en mayo de 2020, la industria automovilística pidió que, debido a la pandemia de COVID-19, se suspendiera la limitación de emisiones de CO2 impuesta al parque automovilístico.
Todo ello no es aceptable – explicó Ulrike – porque lo que necesitamos es una política industrial progresista, muy distinta de la decepcionante política industrial aplicada por la UE hasta ahora. La política industrial europea se centra básicamente en la construcción de fábricas de celdas de baterías y en la ampliación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, por lo que no aborda la importante cuestión del origen de la electricidad para los coches eléctricos y de las materias primas para las baterías. Es fundamental tener en cuenta toda la cadena de producción y, por ejemplo, promover el reciclaje de las baterías. Hay que fomentar el cambio a vehículos más pequeños y de menor consumo, y reorganizar partes de la industria automovilística con objeto de poder producir vehículos para la transición de la movilidad. Por supuesto, también es necesaria una “política de recorridos cortos”, porque cada escuela y cada hospital cerrados alargan las distancias de viaje. Sin embargo, es mucho más importante ampliar los servicios de interés general y crear “buenos empleos” para todos/as los/as trabajadores/as.
Benjamin Denis (IndustriALL) destacó en primer lugar el tamaño y la importancia de la industria del automóvil: alrededor de 14 millones de empleos directos e indirectos están relacionados con esta industria en Europa. La industria automotriz es también, en su conjunto, una fuente de innovación, exportaciones e ingresos fiscales. Al igual que Ulrike Eifler, Benjamin Denis se refirió al poder de los sindicatos en este sector. Entre los retos actuales, destacan la descarbonización, la digitalización de la producción, la fragmentación de la cadena de suministro y las próximas fusiones de empresas. Por otro lado, las ventas se han desplomado durante la pandemia de COVID-19, reduciéndose en una cuarta parte en 2020. Los cambios en el panorama industrial han sido especialmente duros para los proveedores.
El día antes de conferencia en línea, el 14 de julio de 2021, la Comisión Europea publicó su paquete legislativo Fit for 55 – que endurece los objetivos de reducción de emisiones para el sector del transporte – y anunció la desaparición del motor de combustión para 2035. Esto creará retos adicionales, entre ellos la mayor reducción de emisiones de CO2, los problemas relativos a los nuevos combustibles y el aumento previsto de los precios de la energía en general. Muchas iniciativas irán encaminadas a asegurar la cadena de valor, por ejemplo, a través de la Alianza Europea de las Baterías, la producción de celdas electrolíticas y la producción de hidrógeno verde. Pero también quedan cuestiones por resolver, tales como determinar la procedencia de las materias primas para las baterías y el rol que han de desempeñar los sistemas de propulsión híbridos y los combustibles sostenibles.
El impacto social de la transición hacia la sostenibilidad también plantea desafíos: un estudio realizado por el “Boston Consulting Group” por encargo de la Plataforma de Electromovilidad mostró que la electrificación podría eliminar alrededor de un tercio de los puestos de trabajo en el sector manufacturero. Los/as trabajadores/as deben adaptarse a los nuevos requisitos de cualificación, entre ellos la adquisición de conocimientos de ingeniería, diseño industrial y TIC. Tan sólo en la UE habrá que reciclar a unos 2,4 millones de trabajadores/as. Por ello, es aún más importante adoptar un enfoque jurídicamente vinculante para la configuración del cambio.
Katharina Stierl (Students for Future) destacó la importancia de transformar el sector de la movilidad, dado que es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. La cooperación con los sindicatos interesados es especialmente importante. Las recientes inundaciones en Europa Occidental demuestran que la crisis climática también nos ha alcanzado a nosotros/as. El transporte público ofrece un gran potencial para reducir las emisiones, pero las condiciones laborales en el sector se están deteriorando visiblemente y el personal se ve sometido a una presión creciente. El número de pasajeros ha aumentado en los últimos años, pero el número de empleados ha seguido una tendencia opuesta. El 40% de los/as trabajadores/as del transporte público tiene más de 50 años, y contratar a nuevo personal se está volviendo cada vez más problemático.
En 2020, Fridays for Future (Viernes por el Futuro) visitó varias empresas junto con responsables sindicales de ver.di para establecer redes y proporcionar apoyo al personal en el proceso de negociación colectiva. Se llevaron a cabo acciones conjuntas de los/as empleados/as del transporte público y de Fridays for Future en más de 30 ciudades. Estas actividades permitieron afianzar el tema de la “protección del clima” entre el personal de transporte, así como sensibilizar a Fridays for Future sobre las preocupaciones de los/as empleados/as. La celebración de una cumbre sobre transporte público en Alemania, por primera vez en dicho país, también constituye un éxito importante. A modo de conclusión, Katharina Stierl subrayó la necesidad de reducir globalmente el volumen de tráfico y, en especial, el tráfico de cercanías, disminuyendo para este último fin las necesidades de movilidad.
Károly György (Confederación Húngara de Sindicatos) comenzó explicando la importancia de la industria del automóvil para Europa Central y del Este, tanto en términos de generación de producto interior bruto como en calidad de sector clave de la industria manufacturera y principal contribuyente a las exportaciones. Este es el caso no sólo de Hungría, sino también de la República Checa y Eslovaquia. Hay un chiste que circula por Hungría: “Cuando la industria automovilística alemana o la economía alemana tosen, los húngaros se resfrían enseguida”. Las relaciones germano-húngaras están estrechamente vinculadas a los intereses de la industria del automóvil y ambos países fomentan una asociación estable en este ámbito. Por ejemplo, Hungría concede ayudas estatales a la industria del automóvil.
Los proveedores húngaros se ven especialmente afectados por la actual convulsión tecnológica, ya que les resulta difícil adaptarse con la suficiente rapidez al cambio hacia los vehículos eléctricos e híbridos. El elevado número de empleados/as de pequeñas y medianas empresas supone un reto adicional para la labor sindical.
Las subvenciones estatales van a parar a las grandes empresas de la industria del automóvil, mientras que las pequeñas empresas y microempresas se quedan con las manos vacías. Sin embargo, los fabricantes de automóviles han obtenido miles de millones de beneficios, sufragados en gran medida por los contribuyentes húngaros, entre otros.
Por lo que respecta a la evolución futura, quedan algunas preguntas por responder: ¿qué papel jugarán los motores de hidrógeno y cómo y en qué cantidades habrá que obtener las materias primas? Los/as trabajadores/as húngaros/as se enfrentan a estos retos, pero tienen la sensación de que no se les escucha. Es necesario reforzar el diálogo social, sobre todo para hacer frente a los retos que plantea la creciente robotización de la producción. Bosch, por ejemplo, ha automatizado la logística, lo que ha supuesto la pérdida del 80% de los puestos de trabajo.
Todo ello aumenta la preocupación de los/as trabajadores/as y, al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de la recualificación y el reciclaje. Sin embargo, a menudo se prescinde de éstas, a pesar de que las empresas alemanas hayan introducido el sistema de formación profesional dual en Hungría. Reforzar el diálogo social es tanto más importante cuanto que la industria del automóvil ocupa un lugar primordial en la actividad sindical. La cooperación sindical internacional también es fundamental. Por último, Károly György subrayó la importancia – sobre todo para Europa Central y Oriental – de las propuestas de la Comisión Europea relativas al objetivo de 70% de cobertura de la negociación colectiva (Directiva sobre el salario mínimo).