Del SMI a los ERES
Tres años de avances en políticas de empleo
Las leyes que regulan el teletrabajo y el fichaje de horas trabajadas, y el mayor aumento de Salario Mínimo Interprofesional en la historia de España son, junto a la regulación de los ERE y ERTES1 como protección del empleo frente a la pandemia de la Covid-19, los hitos de los tres últimos años en los que el Ministerio de Trabajo ha estado en manos de la izquierda
En diciembre de 2018, un real decreto firmado por Magdalena Valerio, entonces ministra de Trabajo del PSOE, fijaba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para enero de 2019 en 900 euros mensuales en catorce pagas —como suele publicarse el salario mínimo en España— o 30 euros al día. Ha sido la mayor subida del SMI en la historia de España: de un 22,3 por ciento, respecto a los 735,9 euros en catorce pagas —marcados desde 2017.
La subida del SMI fue una de las medidas estrella impulsadas por el gobierno liderado por Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos (Podemos e Izquierda Unida). Ya incluida en el programa electoral de Podemos para las elecciones de 2016, con el gobierno en manos del PSOE tras la moción de censura que alejó de la Moncloa a Mariano Rajoy, la subida del SMI se convirtió en una de las condiciones para que el partido morado apoyara los Presupuestos Generales del Estado para 2019. La medida se encontró con la oposición frontal del principal partido en la oposición, el Partido Popular, además de con la de Ciudadanos y con la de la patronal, a pesar de que seguía la recomendación europea en cuanto a que el Salario Mínimo Interprofesional alcance al menos el 60 por ciento del salario medio.
En 2017 España ocupaba el octavo puesto de Europa en salario mínimo de 825,7 euros en doce pagas, aunque con mucha diferencia con respecto al séptimo —1.393 euros del Reino Unido— y muy poca con respecto al noveno —804,96 de Eslovenia—. Por eso, con la subida aprobada en diciembre de 2018 no varió su posición en el ránking. Aún con un 22,3 por ciento de aumento, la diferencia con los países del entorno seguía siendo demasiado grande.
En enero de 2020, el SMI vio una nueva subida, aunque mucho más discreta, de tan solo 50 euros, hasta alcanzar los 950 euros mensuales en catorce pagas. Y en septiembre de 2021, ya con Yolanda Díaz en la cartera de Trabajo, se cerró la negociación de una tercera subida, que inicialmente se planteaba en 50 euros más, hasta alcanzar los 1.000, pero que redujo hasta los 15 euros con el objetivo de encontrar el acuerdo con la patronal.
“Si el Gobierno quiere un acuerdo con sindicatos, sería situarlo en alrededor de 1.000 euros”, explicaba Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), en el transcurso de las negociaciones.
Sin embargo, desde otros sindicatos de base, a los que no se invitó a participar en la negociación, tachan de insuficiente incluso esos 50 euros de aumento que pretendía el Ministerio. “El Salario Mínimo Interprofesional de Francia o Alemania está en torno a los 1.500 o 1.600 euros, comparado con los países del entorno es totalmente insuficiente, más cuando el poder adquisitivo se ha ido reduciendo desde el inicio de la pandemia con el aumento de precios como está pasando con la energía”, afirma Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Como muestra, Ruiz señala que, frente al aumento de 50 euros, que habría supuesto un 1,7 por ciento más respecto a la cifra actual, a la hora de negociar los convenios colectivos de determinados sectores laborales los aumentos rondan entre el 2,5 por ciento y el 3 por ciento. “Se puede pensar que quieren que los trabajadores más pobres lo sigan siendo mientras negocian subidas superiores en otros sectores: una desigualdad total”, lamenta.
Llega Yolanda Díaz… y la Covid-19
La entrada de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, en enero de 2020, fue intensa. La ministra, militante del Partido Comunista de España, había sido durante doce años coordinadora de Izquierda Unida en Galicia y fue propuesta por Podemos para liderar el ministerio.
A los pocos meses de acceder a la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz se encontró con la amenaza económica que ha supuesto la pandemia de la Covid-19. El 17 de marzo, tres días antes de que en España se decretase el Estado de alarma que marcaba el inicio de la respuesta institucional a la pandemia, el BOE publicaba el primer decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. En él se recogía la recomendación del teletrabajo en los sectores en los que éste fuera posible, el Plan MeCuida, sobre adaptación o reducción de jornada para el cuidado de familiares, la moratoria en los pagos de hipoteca y una prestación económica extraordinaria por cese de actividad provocado por la pandemia. Pero la medida estrella fue la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas relacionadas con la pandemia.
“Yo creo que hay que valorarlos como muy positivos, la medida llegó a cubrir millones de trabajos, ha protegido empleos, empresas. Ha hecho que el país no se hundiera literalmente”, afirma Carlos Gutiérrez, de CCOO. “Ha sido una forma de afrontar el choque económico distinta a la que tradicionalmente se ha hecho en España, porque tradicionalmente se va todo el mundo a la calle, y en este caso, a través de los ERTEs de pandemia, se ha amortiguado el impacto en el empleo”.
Ruiz, de CNT, también valora de forma muy positiva la herramienta de los ERTE para proteger puestos de trabajo durante la pandemia, pero apunta que, a la vez, “ha perjudicado a muchas trabajadoras y trabajadores”. Considera que “en marzo de 2020, cuando se inició el estado de alarma, el gobierno tardó mucho en implementar estas medidas y se produjeron muchos despidos de contratos temporales, ya que las empresas tuvieron un plazo de tiempo para liquidar todos estos contratos temporales que tenían en curso sin ningún tipo de control, y toda esta gente se quedó sin protección”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre el primer y el segundo trimestre de 2020 las personas ocupadas con un contrato temporal pasaron de los 4,1 a los 3,4 millones.
Ruíz también apunta a la cláusula de salvaguarda del empleo contemplada en la regulación de los ERTEs y EREs. “Las empresas supuestamente no pueden despedir en los seis meses siguientes a haberse acogido a las exenciones de Seguridad Social por tener a los trabajadores en ERTE, y si lo hacen deben devolver estas cuotas por recargo, pero esa es la teoría. Lo que ocurre es que se están produciendo despidos individuales objetivos o disciplinarios. Tiene truco”.
Desde CCOO también admiten que hay muchos casos en los que la regulación de los ERTEs relacionados con la pandemia ha sido aprovechada por parte de la empresa de manera fraudulenta, aunque no perciben que sean más que casos anecdóticos. “Conocemos personas cuya empresa hizo ERTE, les redujo la jornada y, a la vez, les obligó a seguir trabajando. La regulación se ha ido afinando más para evitar estos casos”.
Más allá de la regulación, para evitar este tipo de prácticas, Antonio Ruiz, de CNT, sí ha echado de menos un refuerzo adicional en la inspección de trabajo y en la Seguridad Social. “Si no hay detrás una infraestructura en las jefaturas provinciales no se puede controlar el fraude”. Pero, aunque posiblemente no al nivel que demandan desde la CNT, desde el ministerio de Yolanda Díaz también se ha puesto fuerza en esta área. “Han entrado subinspectores en prácticas, pero consideramos que es insuficiente, estamos ante una situación totalmente anómala y la principal tarea debería ser vigilar y controlar a las empresas”, reclama Ruiz.
El fraude al trabajador del agro
El régimen de altas y bajas en las campañas agrícolas hace que el campo sea uno de los sectores económicos donde es más fácil el fraude a la Seguridad Social y a los propios trabajadores.
El régimen agrario contempla que a los trabajadores se les dé de alta al inicio de la campaña de forma teórica, pero las jornadas reales trabajadas se declaran posteriormente, del 1 al 10 del mes siguiente. “Aunque Inspección vaya a una finca, puede comprobar que todos estén dados de alta teórica, pero no si han declarado o no la jornada, así que se puede hacer fraude como se quiera”, explicaba al diario El Salto Javier Velasco, responsable del sector del Campo en CCOO, sindicato que en 2018 calculaba que el trabajo en negro en el campo rondaba entre un 20 y un 30por ciento del total.
“El problema es que el Estado no tiene interés en acabar con la economía sumergida en el sector agrario, hay una fórmula que da resultados y es tan sencilla como cruzar los datos de la producción que se recoge en una finca y el número de jornadas que se han declarado para recoger esa producción”, explica Velasco. “Haciéndola se verían auténticos milagros: veríamos naranjas que han rodado solas hasta el camión, veríamos el milagro de San Isidro Labrador y cosas que nos dejarían escandalizados, pero como el Gobierno del Partido Popular nunca ha querido cruzar los datos de los ministerios de Agricultura y Empleo con la Inspección de Trabajo, sigue habiendo lo que hay”, continuaba el sindicalista.
Hasta ahora, ni el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Díaz, ni el de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas se han lanzado a hacer este cálculo, pero desde Trabajo sí se ha promovido una campaña de inspección laboral que se ha intensificado aún más tras la muerte de un trabajador temporero en el campo de Murcia por un golpe de calor en agosto de 2020. Se han hecho de momento cerca de 10.000 inspecciones que han resultado en sanciones a cuatro de cada diez empresas.
“Esas inspecciones han afectado para que se vayan regularizando situaciones”, señala Óscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). “Antes no había tantas inspecciones, ni tampoco teníamos una relación como la que tenemos ahora con el ministerio desde sindicatos como el nuestro. Ahora nos escuchan”, añade.
Para Pastora Filigrana, sin embargo, las inspecciones realizadas en el último año en el campo de Huelva “han sido tan insuficientes como en años anteriores”. Filigrana es una abogada especializada en derecho de extranjería y una de las autoras del informe que Jornaleras de Huelva en Lucha entregó en junio a Yolanda Díaz en el que se detallan los incontables abusos que las mujeres jornaleras, sobre todo migrantes, viven en para poder trabajar.
“En las visitas que hemos realizado, casi todas las mujeres han expresado que, durante los últimos años, sobre todo a partir de que en 2018 salieran a la luz varias denuncias de agresión sexual, distintos organismos han elaborado sus informes sobre las condiciones límite de vida y de trabajo a las que se ven sometidas las jornaleras de los frutos rojos. Finalmente, sus denuncias han salido a la luz, pero ninguna administración ha terminado con los abusos ni contribuido a la mejora de sus condiciones de vida o trabajo”, denuncia el informe.
“Lo que hay es una clara voluntad por parte de la ministra y la jefa de Inspección de Trabajo, pero es verdad que hace falta un cuerpo especial de inspectores que pueda desempeñar esa función de ir tajo a tajo. Hemos denunciado situaciones de irregularidad, y la ministra nos dice que sigamos haciéndolo, pero no tienen recursos para ir. Proponemos que haya un cuerpo de inspectores motorizado que sea capaz de desplazarse a los centros de trabajo”, continúa Reina.
La victoria de los riders
El Plan Director por un Trabajo Digno, desarrollado entre 2018 y 2021, ha supuesto la regularización de más de 50.000 falsos autónomos, entre ellos, los conocidos como riders, aquellos que trabajan bajo ese modelo flexible de la nueva economía que han potenciado empresas de reparto como Glovo, Uber o Deliveroo y que ya en 2017 llevó la palabra ‘uberización’ a ser finalista como palabra del año por la Fundación Fundeu.
Más allá de la inspección, la victoria de los repartidores en bicicleta ha llegado en los tribunales. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo condenaba a Deliveroo a contratar a 532 riders que trabajaban como falsos autónomos con una sentencia que ha servido de modelo para confeccionar la Ley Rider, que ha entrado en vigor en agosto. Con esta ley se introduce en el Estatuto de los Trabajadores la “presunción de laboralidad” para aquellas personas que trabajen distribuyendo productos o mercancías por encargo de empresas que organicen el trabajo mediante plataformas digitales. Un cambio que arregla la situación de estos trabajadores —a pesar de lo esquivas que son las empresas del sector— pero que, sin embargo, no les ha dejado nada satisfechos por una cuestión de solidaridad con trabajadores de otros sectores.
“Esta ley se queda corta”, afirma Daniel Gutiérrez, trabajador en Deliveroo y miembro del colectivo Riders X Derechos. “Falsos autónomos en España se calcula que hay entre 700.000 y 800.000 en todos los sectores. Nos parece muy limitado que esta ley, que no es más que un refrito de lo que dice el Tribunal Supremo, hable exclusivamente de los riders, más sabiendo que nuestro caso ya está cerrado”, explica. “Estamos un poco decepcionados porque se quede tan corta, más cuando siempre hemos dicho que, por mucha regulación que se haga, si no se invierte en reforzar Inspección de Trabajo y Justicia, estas leyes van a quedar en papel mojado, como tantas otras”.
Por lo pronto, este rider advierte de que Glovo ya se está negando a cumplir la ley, “y no pasa nada”, lamenta. “Igual que, aunque el salario mínimo está bien subirlo, hay muchos compañeros que no lo cobran, no solo en mi sector”.
Las trabajadoras del hogar, a la espera del convenio 189 de la OIT
Otra de las campañas realizadas por Inspección de Trabajo en los últimos tres años ha sido en el sector de las trabajadoras domésticas. Pero su principal reivindicación, que es la ratificación e implementación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la igualdad en condiciones laborales de estas trabajadoras con el resto, sigue pendiente.
“Nosotras justamente hemos estado solicitando una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y hace unos meses se nos concedió, pero con el secretario de Estado de Empleo y el director del SEPE”, explica Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).
Según conocieron en la reunión, para este proceso de ratificación del Convenio 189 el Ministerio de Trabajo había realizado ya informes que han sido trasladados al Ministerio de Interior para que se pronuncie sobre ellos. “Como es un instrumento internacional, tiene que pasar por varios protocolos, pero sé de otros convenios que han sido aprobados con más rapidez”.
Más allá de la mera ratificación del convenio, Elías subraya que lo que sí han trasladado al secretario de Estado de Trabajo es que quieren conocer las políticas públicas que acompañarán a esta ratificación, “porque la ratificación no es suficiente si no se adoptan medidas para que de verdad las trabajadoras dejemos de estar en el régimen especial y podamos optar a la prestación por desempleo”. Y sobre esto, que es llevar a tierra el convenio, por ahora no están muy contentas. “En agosto del año pasado también tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Trabajo y nos dijo que se estaban planteando los supuestos en los que sí podríamos optar a prestación por desempleo, cuando tendrían que ser los mismos supuestos que con el resto de trabajadores”.
El de las trabajadoras de hogar es uno de los nuevos tipos de sindicalismo que están empezando a dar respuesta a realidades laborales que hace tiempo que dejaron de ser nuevas. El cambio de Gobierno que tuvo lugar en 2018 fue un punto de inflexión a partir del cual comenzaron a ser escuchadas por las instituciones. “Lo aplaudimos, ha sido abismal la mejora”, señala Elías. “Se lo decía a Escrivá [José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones], es la primera vez que un ministro se reúne con una empleada de hogar que no fuera la que limpiaba su casa”, continúa, para añadir que siguen “soñando” con la reunión con Yolanda Díaz.
Pero, aunque las relaciones son buenas, sí lamentan que siguen excluidas del grupo de expertos que están estudiando los cambios en la normativa sobre trabajo de limpieza y hogar. “Pedimos que en ese grupo de expertos que están estudiándolo se incluya a las empleadas del hogar porque los sindicatos hacen un trabajo turbio en comparación con nuestras exigencias y nosotras conocemos modelos en Europa y en el extranjero que pueden funcionar en España”, explica señalando como ejemplo el modelo de ‘cheque-servicio’ implementado en Francia. “También tienen que crearse políticas públicas que ayuden a las familias de clase media y baja que necesiten contratar cuidados y adoptar medidas de mayor control del trabajo para que las familias de clase alta cumplan, que son las que menos cumplen”, añade.
Desde otro sector laboral feminizado, el de las camareras de piso en hoteles o kellys —“las que limpian”— las expectativas de mejora son malas. En 1994 pasaron a ser contratadas por empresas de servicios, y desde entonces, sus condiciones de trabajo han ido de mal en peor. “Ahora nos hacen contratos como peones o auxiliares de limpieza, ¿qué es eso? Se lo han sacado de la manga”, denuncia María del Mar Jimenez, del colectivo Las Kellys Madrid. De cobrar entre 0,90 y 1,20 euros por habitación han pasado a los 0,60 euros y ahora los contratos contemplan productividad. “Si no haces las 400 habitaciones que marca el contrato, cobras menos, y muchas veces el hotel no tiene 400 habitaciones para ti ese mes”.
Por ello, ya hace cinco años que propusieron la conocida como Ley Kelly. “La ley dice que, si somos parte estructural del hotel, seamos contratadas por el hotel”, explica María del Mar Jiménez. Desde entonces han visitado tres veces el Parlamento Europeo para pedir la abolición de las empresas de servicios y ya tienen agendada una cuarta visita para octubre. Pero lamentan que, hasta ahora, nadie les ha hecho caso. Ni en Europa ni en España. “Que prospere nuestra ley depende del Ministerio de Turismo y del de Trabajo”.
María del Mar señala que, el pasado junio, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, del PSOE, les dijo que se reuniría con ellas, pero a fecha de cierre de este reportaje siguen esperando concretar una fecha para esa reunión en la el objetivo de Las Kellys es que este ministerio de apoyo al sello de calidad de empleo que están impulsando para distinguir los hoteles en los que el 80por ciento de la plantilla esté directamente contratada por la empresa y los productos comprados por el hotel lo sean de cercanía.
Con respecto a Yolanda Díaz, admite que no han intentado reunirse con ella. “Ella con los que cuenta es con los grandes sindicatos, que me parece bien, pero son los que firmaron la introducción de las empresas de trabajo temporal y las empresas de servicios, estamos hartas de que nos ninguneen”.
Ingreso mínimo vital
En mayo de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el decreto que regulaba el Ingreso Mínimo Vital una herramienta de inclusión social dirigida a las capas de la población en situación de extrema pobreza que también venía recomendada desde Europa y se encontró con las críticas del Partido Popular, que lo calificó de “paguita”.
La medida, aunque humilde, se presentó como un hito histórico en un país en el que las personas en situación de extrema pobreza se situaban en el 7 por ciento de la población, pero su implementación estuvo salpicada de decepciones en buena parte por el laberinto burocrático que supuso que buena parte de sus destinatarios no pudieran acogerse a ella.
En mayo de este año, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en manos del PSOE y responsable de esta herramienta, afirmaba en una escueta nota de prensa que el Instituto Nacional de la Seguridad Social había tramitado “más del 81 por ciento de las 1,32 millones de solicitudes recibidas en nueve meses”. De ellas se habían aprobado 280.000 prestaciones.
Antonio Ruiz, de CNT, apunta como uno de los motivos de su mal funcionamiento la separación previa que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo de las carteras de Trabajo y Seguridad Social. “Fue una estrategia política para vaciar de competencias el Ministerio de Trabajo por parte del PSOE”, acusa. Una separación de competencias que habría provocado una guerra de globos sondas e incoherencias entre dos ministerios con ámbitos de trabajo muy interrelacionados.
“El reglamento es un camino de obstáculos que impide que la gente pueda acceder y deja fuera a determinados colectivos, como el de los jóvenes”, afirma por su parte Carlos Gutiérrez, de CCOO. “Todo indica que el impacto ha sido mucho menor que las previsiones previas”, añade. Y es que, en vez de complementar estas ayudas, según señala Gutiérrez, esta prestación “ha servido para que algunas comunidades autónomas se ahorren la renta básica que ya tenían contemplada”.
Otros avances: fichar la jornada laboral y teletrabajo
Otro de los avances en el ámbito laboral que ha visto España en los últimos tres años ha sido la reforma del estatuto de trabajadoras, que obliga a las empresas a fichar las horas de jornada laboral de sus trabajadores, así como el decreto por el que se regula el teletrabajo.
En el caso del fichaje de horas, regulado en marzo de 2019, el asesor laboral y jurídico de CNT explica que sí ha sido útil aunque, en la práctica, se encuentran problemas. “En la pequeña y mediana empresa, el empresario muchas veces entrega las hojas ya rellenadas y obliga a los trabajadores a firmarlas. Hecha la ley, hecha la trampa”, denuncia. “Lo que asesoramos desde CNT es que siempre se tome nota en una libreta aparte y se obtengan pruebas de la jornada real trabajada para después ponerlo en conocimiento de inspección de trabajo”, añade.
En cuanto al teletrabajo, regulado en septiembre de 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19, Gutiérrez recuerda que es una ley que ha resultado de un acuerdo de la mesa de diálogo entre patronal y sindicatos, con la que se ha intentado garantizar “alguna suerte de cuestiones en tiempo de pandemia, pero intentando regular el teletrabajo de cara al futuro”.
“La ley interpela a la negociación colectiva para ver qué gastos hay y cómo compensarlos, establece claramente que el trabajador no puede hacerse cargo de determinados costes”, explica Gutiérrez, quien añade que ahora, desde los sindicatos, tienen la obligación y responsabilidad de llevar esta cuestión a la negociación colectiva y a los convenios colectivos.
Desde CNT, Antonio Ruiz destaca esta interpelación a la negociación colectiva como una de las carencias de la ley. “En un gran porcentaje de empresas no hay representación de los trabajadores, así que esa negociación no existe y el empresario impone la forma en la que va a compensar los gastos”, lamenta.
Lo que queda pendiente – autónomos
Una de las cuestiones pendientes es la reforma del régimen de trabajadores autónomos, una reclamación que lleva siendo recogida, de forma más concreta o más difusa, por distintos partidos políticos en cada convocatoria electoral pero que, por lo pronto, sigue sin modificarse, aunque ya hay una propuesta de reforma sobre la mesa del Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones.
Frente al sistema actual, que fija una cuota de 289 y 1.233,20 euros en concepto de Seguridad —con reducciones como la tarifa plana en el primer año, entre otras—, la propuesta de la cartera de Escrivá es establecer trece tramos de cuotas, según facturación y que irán implementándose entre 2023 y 2031. La propuesta recoge una cuota mínima de 90 euros mensuales para aquellos con ingresos anuales de hasta 3.000 euros —por lo que, en el mejor de los casos, de los 250 euros mensuales que ingresen tendrían que pagar 90 euros—, de 120 euros para aquellos con ingresos de entre 3.000 y 6.000 euros anuales —pagarían a la Seguridad 120 euros de los 500 mensuales que ingresen—, subiendo tramo a tramo hasta alcanzar un máximo de cuota de 1.220 euros para aquellos que ingresen más de 48.841 euros anuales.
“Te pones a analizar y, ¿qué puede ganar un autónomo medio anualmente? ¿entre 17.000 y 22.000 euros? pues hablamos de una cuota de 265 euros, lo que cambia la cuota en poco más de 10 euros”, señala Ruiz. “No vemos que beneficie a los autónomos que tienen ingresos reducidos”, añade.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) tampoco creen que la reforma propuesta por Escrivá arregle los problemas que afronta el colectivo de trabajadores autónomos. “Ya hemos trasladado en varias ocasiones que no creemos que el sistema de cotización que se está planteando sea el adecuado para conseguir el objetivo del Pacto de Toledo”, señala Celia Ferrero, presidenta de esta organización, en referencia a la comisión parlamentaria que estudia el estado del sistema de pensiones.
La reforma planteada, según explica, supondrá subidas en la cuota para más del 50 por ciento de los trabajadores autónomos, que serían aquellos que ingresan entre 17.000 y 40.000 euros anuales.
“Está basado en una premisa errónea, que es que un rendimiento neto es lo mismo que un salario, y no es así por dos razones: porque es incierto, porque, si realmente fuese un salario, debería estar garantizado un ingreso mínimo, como el SMI de los trabajadores por cuenta ajena, y porque un rendimiento neto no es igual que un salario porque no es un salario neto, lo que ingresa el trabajador con todos los costes reducidos sigue respondiendo a gastos derivados”, explica Ferrero.
Desde ATA proponen otra serie de reformas, como poder cambiar la base de cotización hasta seis veces al año para adecuarla a sus ingresos, quitar el tope de cotización para los mayores de 48 años que anteriormente no hayan cotizado por más de 2.000 euros mensuales o que las cuotas de los autónomos societarios sean deducibles en el impuesto de sociedades. De momento, ninguna de ellas está en los planes de Escrivá.
Derogación reforma laboral
La última tarea pendiente en el ámbito del trabajo en España ha sido la que lleva más años prometiéndose, la derogación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012, con la que se facilitó y abarató el despido.
Por lo pronto, el único punto de esta reforma que ha sido derogado es la posibilidad de despido por acumulación de bajas médicas, eliminado en marzo de 2020.
“Es un tema pendiente que tiene el ministerio y el Gobierno”, señala Gutiérrez. “Desde que entró Pedro Sánchez se ha intentado llegar a un acuerdo para corregir o derogar la reforma laboral, pero seguimos a la espera”. ¿La causa de este freno? Según explica el sindicalista de CCOO, la pandemia. “Se abrió la mesa justo antes, pero se quedó en stand by hasta afrontar el reto de la pandemia”. Desde la cartera de Yolanda Díaz se asegura que antes de finales de este año la reforma del PP estará derogada.
Además del abaratamiento del despido, otros temas clave a modificar de esta reforma del PP son el marco de la negociación colectiva en las empresas, la eliminación de la autorización previa de la administración en los expedientes de regulación de empleo o el papel de las empresas de trabajo temporal como agentes de colocación. Desde que la mesa de diálogo social reactivó sus reuniones sobre la reforma laboral en marzo de este año, los puntos calientes son aquellos que afectan a la negociación colectiva y a la temporalidad laboral.
“Estos temas son complicados, existen muchas resistencias para que se toquen, pero hay un compromiso con Europa de que tiene que estar aprobada una reforma laboral antes del 31 de diciembre de este año y aquí nos lo jugamos todo”, afirma Gutiérrez. “Europa establece que la reforma tiene que estar orientada para los problemas que dice que tenemos, como la temporalidad, que es excesiva y está disparada en España desde hace mucho tiempo. Otra cosa es cómo se afronten, ya que todas las reformas supuestamente han venido a corregir eso, en la teoría, pero en la práctica no ha sido así”.
Un año y nueve meses después de su entrada en el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz ha pasado a ocupar también la vicepresidencia tercera del Gobierno y se ha situado como la líder política más valorada en España, según el barómetro del CIS. Entre sus principales logros, desde los sindicatos tradicionales y de base subrayan, además de iniciativas como la regulación de los ERE y ERTE , un cambio en la forma de relacionarse con las organizaciones sociales y mucha voluntad para buscar soluciones a los problemas que atraviesa el ámbito del empleo en España.-
1Los expedientes de regulación de empleo (ERE) y expedientes temporales de regulación de empleo son procedimientos para despidos colectivos o para la reducción o suspensión temporal de contratos en empresas en una mala situación económica mediante autorización de la Administración, que paga parte de la indemnización a los trabajadores afectados.
