El Gobierno de coalición progresista en España
Un choque diario de pulsiones
Es la primera vez en 80 años que España cuenta con un Gobierno de coalición. Y es la primera que entran en el Gobierno ministros ajenos al bipartidismo dominante desde el fin de la dictadura franquista.
Nadie en España estaba acostumbrado a ello. Y la cultura de los gobiernos de coalición en municipios, sobre todo, entre el partido socialista (PSOE) y los grupos a su izquierda (primero el PCE/IU y ahora Unidas Podemos) no ha sido sencillo de trasladar a un Gobierno central en el que estaba asumido alternarse en el poder, pero no compartirlo.
Desde las negociaciones fallidas del verano de 2019 hasta las exitosas de enero de 2020, pasando por una repetición electoral en noviembre de 2019, el PSOE no dejaba de mostrar resistencias a compartir un poder que nunca hasta entonces había compartido cuando llegó al Gobierno: le costó asumir que Igualdad fuera un ministerio en manos de Unidas Podemos, del mismo modo que impuso desgajar la Seguridad Social de Trabajo para que UP pudiera asumir esa cartera. Y todo ello después de corregir el veto a Pablo Iglesias, entonces líder de UP, como vicepresidente del Gobierno.
Los vetos a personas y a contenidos de las carteras ministeriales en manos de Unidas Podemos marcaron el inicio de unas negociaciones que han tenido consecuencias en el programa de Gobierno pactado, así como en el cumplimiento de ese acuerdo de Gobierno. La experiencia histórica en España demuestra que las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE nunca han encontrado la fórmula del éxito electoral para relacionarse con los socialistas: casi siempre el saldo electoral engorda al PSOE y adelgaza al socio minoritario.
Hasta ahora, se ensayó la colaboración amable desde fuera, como en el caso de Gaspar Llamazares al frente de IU (2000-2008), y cosechó los peores resultados electorales ante el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Llamazares representó la antítesis de Julio Anguita, quien teorizó el alejamiento de los socialistas (entre 1989-2000) por su deriva socialiberal y los escándalos de corrupción y de terrorismo de Estado. Pero Anguita tampoco consiguió romper los techos electorales del 10%.
No fue hasta el Podemos de Pablo Iglesias cuando el tablero electoral saltó por los aires en diciembre de 2015, cuando el bipartidismo quedó reducido a la mínima expresión, y cuando el régimen del 78 se atrincheró para asfixiar a Podemos y Unidas Podemos hasta que, cuatro años después, los números seguían siendo tozudos: Unidas Podemos en noviembre de 2019 ya no tenía los 70 escaños de diciembre de 2015. Tenía la mitad, pero esta vez ya no hubo manera de evitar que entrara en el Gobierno.
Pero no iba a ser un camino fácil. Y no lo está siendo, a pesar de existir un acuerdo de Gobierno firmado por las dos partes.
En enero de 2020 arrancó el primer Gobierno de coalición desde antes de la Guerra Civil española. Y en marzo ya estaba el país confinado por la pandemia del coronavirus. Esos dos meses fueron suficiente tiempo para ver por dónde se iban a desarrollar los pulsos en la legislatura, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta situarse como fiel de la balanza, como quien decide entre las propias familias de la parte del Gobierno socialista y Unidas Podemos.
Las primeras semanas fueron de pulso por aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (de 900 a 950 euros), pelea que se ha repetido en 2021 (de 950 a 965), y que no dejará de darse hasta el final de la legislatura, por mucho que las dos partes firmaran que había que llegar al 60% del salario medio (1.100 euros) al final de la legislatura (fines de 2023).
Pero el pulso también fue por el grado de confinamiento, que en abril llegó a prácticamente total cuando la pandemia no paraba de crecer. En aquellos días, una vez más, la parte socialista era menos proclive a parar la actividad económica que la de Unidas Podemos, que, además, impulsó a través del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz una solución que después ha sido aplicada en toda la UE para sostener el desempleo: los ERTE –esquemas temporales de empleo– han permitido que las empresas no despidan a los trabajadores durante los meses más duros gracias a que el Estado contribuía a mantener los ingresos. Hasta tal punto la iniciativa ha sido tan ejemplar en España y Alemania, por ejemplo, que la Comisión Europea puso en marcha el programa SURE, 100.000 millones en créditos blandos para sostener los ERTE y las cuotas de autónomos en los Estados miembros durante la pandemia.
Y no fueron los únicos conflictos en los primeros meses del Gobierno de coalición: la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, destituida por Pedro Sánchez en agosto de 2021, acusó al Ministerio de Igualdad de no saber hacer leyes por el proyecto de legislar el “sólo sí es sí”. Es decir, regular el consentimiento sexual para atajar casos de violaciones que quedaban fuera del Código Penal.
Aquel pulso de Carmen Calvo, representante de una parte del PSOE que se negaba a ceder las políticas de Igualdad a UP por considerar que eran patrimonio del feminismo institucional que había desempeñado el PSOE de forma única desde la caída del franquismo, iba a ser el primero de muchos. Al final Calvo salió del Gobierno porque terminó perdiendo la batalla definitiva, un año después de aquella primera, la que tenía que ver con la ley que reconocía los derechos de las personas trans. Calvo y una parte del feminismo socialista se resistía a ese reconocimiento, hasta el punto de que dirigentes socialistas lo calificaban de “borrado de mujeres”. Sánchez terminó, una vez más, inclinándose hacia Unidas Podemos y el acuerdo de Gobierno. La ley trans fue aprobaba por el Consejo de Ministros y la vicepresidenta primera perdió su silla en el Ejecutivo.
En efecto, los pulsos entre la parte socialista, que viene a representar tres cuartas partes del Gobierno y la de UP (cinco ministros de 23) han llegado al límite de cambios en las carteras dentro de la parte socialista, y eso no es gratis.
Del mismo modo que cuando Sánchez vetó a Iglesias como vicepresidente en verano de 2019, el precio de las exigencias de Unidas Podemos creció exponencialmente, que un pulso político acabe con la vicepresidenta primera fuera del Gobierno, al final tiene consecuencias: Sánchez reforzó el perfil de partido con la salida de independientes, incluido su poderoso jefe de gabinete, Iván Redondo, que tantos recelos generaba entre los dirigentes del PSOE, y elevó a número dos del Gobierno a una de las antagonistas de Yolanda Díaz y de Unidas Podemos: la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ex alto cargo de la Comisión Europea como directora general de Presupuestos.
De la mano del pulso por las políticas feministas, con normas que recogen el cambio social en España y que, al tiempo, supondrán un avance en derechos que marquen un antes y un después desde el punto de vista histórico político, está produciéndose de forma recurrente el pulso económico. Limitación de la actividad comercial en la pandemia; subidas del salario mínimo; reformas fiscales; fusión de Bankia –entidad rescatada con capital público– con CaixaBank; reforma laboral; reforma de las pensiones; ley de la vivienda y regulación de los alquileres…
Si algo está definiendo la convivencia entre PSOE y UP en el Gobierno es la disputa por hacer cumplir el acuerdo de Gobierno en numerosos asuntos relativos a lo económico. De un lado, Nadia Calviño, ahora vicepresidenta primera, sin siquiera carné socialista, quien a menudo tampoco representa el pensamiento del PSOE más liberal y de los intereses de Bruselas; y, en frente, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias en mayo de 2021.
Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos y líder del espacio político que, con el impulso del 15M logró alterar el mapa político español conocido hasta la fecha hasta el punto de llegar a ser vicepresidente del Gobierno, abandonó en mayo la política institucional tras dejar el Gobierno central para ser candidato a la presidencia de Madrid en unas elecciones anticipadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Iglesias se presentó con el propósito de contribuir a formar un gobierno progresista en Madrid frente a una alianza de las derechas. Los números reforzaron el trumpismo que representa Díaz Ayuso, que gobierna cómodamente con el apoyo de la extrema derecha de Vox, y el ex secretario general de Podemos decidió no tomar posesión del escaño y propiciar el relevo en Podemos.
Con la marcha de Iglesias también se ha producido un cambio en las personas que negocian con el PSOE y, también en las maneras de negociar, que también tienen que ver con un debate sobre cómo rentabilizar el cogobierno.
Durante la etapa de Iglesias, la política comunicativa hacia afuera era muy productiva, tanto para trasladar los acuerdos como los desacuerdos. En aquellos meses, se pensaba que la presión desde fuera era imprescindible para hacer mover al PSOE a cumplir con los acuerdos, al tiempo que era fundamental para que los votantes de Unidas Podemos se reconocieran en lo conseguido.
¿Cómo hacer que el PSOE cumpla lo acordado? ¿Cómo hacer que tu votante sepa lo que estás consiguiendo? Es uno de los grandes debates internos.
Tras Iglesias, la política comunicativa es más suave hacia afuera, se expresan los conflictos de otra manera o no se expresan, en la creencia de que el “ruido” puede ser contraproducente a la larga y que el votante premiará a los miembros del Gobierno si el Gobierno va bien.
De momento, ninguna hipótesis se ha podido verificar. Y veremos cómo se llega a las elecciones: si con ruptura forzada o profunda; si con coreografía o con bronca; si con un relato de éxito o de fracaso; si se transmite apetito de repetir o no.
Mientras eso llega, que en algún momento tendrá que llegar, quedan por delante varios asuntos de calado que pueden suponer grandes tensiones entre las partes, aunque se haya pasado recientemente un punto que hace un año parecía imposible: un acuerdo para unos nuevos presupuestos generales, los segundos del Gobierno de coalición.
Eso sí, el acuerdo ha sido duro y ha estado en riesgo durante algunos momentos por asuntos que, en realidad, no tienen tanto que ver con los presupuestos en sí, pero sí con el rumbo general de Gobierno: la ley de vivienda, la regulación de los precios del alquiler y la subida del Salario Mínimo Interprofesional. A ello se sumado la pugna resuelta por una fiscalizad mínima del 15% para las grandes empresas del país, en la línea de los acuerdos en la OCDE. Unidas Podemos ha conseguido compromisos en todos esos frentes abiertos. Pero lo que queda por delante no será pequeño.
Bruselas aprobó los planes de recuperación que presentó el Gobierno para acceder a los fondos de recuperación: 140.000 millones, distribuidos casi a partes iguales entre transferencias y créditos. El dinero de Bruselas, no obstante, llega a medida que se cumplen una serie de hitos pactados previamente. Dos de esos hitos son la reforma laboral y de las pensiones.
Yolanda Díaz está comprometida con el desmontaje de la reforma laboral de Mariano Rajoy, con un empeño no compartido por Calviño, por ejemplo. Además, Bruselas aprobó los planes españoles sin que estuvieran especificadas las reformas de las pensiones y del mercado laboral. Lo hizo con la idea de que serían pactadas en el diálogo social y contarían con un amplio apoyo parlamentario. No obstante, la patronal se ha comenzado a descolgar de las negociaciones –ya se opuso a la subida del SMI, aunque sólo fueron 15€ mensuales– y no parece dispuesta a negociar la reforma del mercado laboral, por mucho que en Bruselas insistan en que España arrastra problemas de precariedad, temporalidad y dualidad no resueltos por ninguna ley en cuatro décadas.
En paralelo a la negociación de la reforma laboral, de cuyo éxito puede depender la parte de los fondos europeos prevista para el primer semestre de 2022, está la de las pensiones, donde el enfrentamiento con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es recurrente.
Ya en el pasado hubo una pelea porque Escrivá quería enviar a Bruselas la propuesta de aumentar los años de cotización para calcular la pensión. Aquella pelea la ganó UP, pero las posiciones están enfrentadas: recientemente Escrivá ha defendido en una entrevista trabajar hasta los 75 años, algo que ha levantado las críticas de los sindicatos y de UP. Y ha introducido en los presupuestos para 2022 una reforma por la que beneficia los planes de pensiones privados de empresas, al aumentar el tope de 8.000 a 8.500 euros al año –4.250 euros por parte de la empresa y lo mismo por parte del empleado–, al tiempo que ha rebajado de 2.000 a 1.500 el máximo de los planes de pensiones individuales.
¿Cómo terminarán las negociaciones para la reforma laboral y de las pensiones? De ello dependerá el futuro del Gobierno de coalición, y de ello están pendientes miles de millones de euros.
Y luego está lo simbólico y lo no tan simbólico. Por ejemplo, el recurrente rescate del PSOE con la monarquía. Si en el verano de 2014 colaboró con el Gobierno del PP para tejer la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI en un momento crítico para la monarquía, en el verano de 2020 el PSOE volvió a salir al rescate de la monarquía, sacando del país a Juan Carlos, desde entonces fugado en los Emiratos Árabes.
En paralelo, Unidas Podemos mantiene una apuesta nítidamente republicana, entendiendo la república no como el régimen caído tras el golpe del 18 de julio de 1939, sino el horizonte de un país social y plurinacional en el que que no quepan, tampoco, leyes mordaza –que afecta a las devoluciones en caliente y condenas a raperos por libertad de expresión, por ejemplo– como las que está previsto derogar, pero que el PSOE sigue frenando. Un freno que también aplica a la rebaja penal de la sedición para equiparar con el contexto europeo el delito que facilitó penas durísimas para los protagonistas del procés.
Pedro Sánchez es consciente de que su militante, el tradicional votante socialista, premia las políticas que defiende UP. Es decir, que cada vez que Sánchez da la razón a UP, está alimentando al votante del PSOE. Pero, al tiempo, está debilitando a algún sector de su gobierno o de su partido.
Por otro lado, los dirigentes de UP saben que el sentido de su presencia en el Gobierno de coalición pasa por hacer cumplir el acuerdo de Gobierno, en particular lo que tiene que ver con sus principales banderas. Pero también en hacer llegar a los votantes que son imprescindibles para que ciertas políticas se lleven a cabo.
En ese choque de pulsiones diario, en el que se mezclan políticas sociales, políticas económicas y narrativas, están en juego decisiones que afectan a las vidas de las personas. Y, de su gestión, una parte de los resultados de las próximas elecciones, previstas para finales de 2023.