Digitalización para quién
Los fondos europeos prometen una transición ecológica y digital de nuestra economía, nos preguntamos cómo impacta esta apuesta en nuestra vida y derechos
Desde que se aprobaron, los Fondos Next Generation (más conocidos como fondos europeos), se convirtieron en el faro que alumbra el horizonte económico de nuestro país. Su asignación, condicionantes, tiempos y reparto ocupan nuestros periódicos porque estos fondos son la esperanza de la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España para salir de la crisis social y económica. Una inyección de dinero que se materializa en 750.000 millones de euros a repartir entre todos los estados de la UE, de los cuales 144.000 millones corresponden a nuestro país. El Estado español ha solicitado 69.528 millones, la parte de transferencias directas que no generan deuda.
Para acceder a su parte, los ejecutivos de los diferentes países han tenido que presentar planes estratégicos que cumplan con el objetivo de una salida de la crisis que potencie una transición «verde y digital”. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el documento que elaboró el Gobierno de España para acceder a esos casi 70.000 millones euros. Un 28% se destinará a “digitalización», y por eso nos preguntamos: ¿en qué consiste la digitalización?, ¿cómo afectará a nuestra economía?, ¿y a nuestros derechos laborales?, ¿cómo se está garantizando el reparto en nuestro territorio y tejido productivo?
La transformación digital está recubierta por una pátina de modernidad y promesas de crecimiento, por lo que cuesta ponerle pegas en una sociedad acostumbrada a disfrutar de las ventajas de la tecnología, a aceptar las condiciones del servicio sin leer la letra pequeña, y muchas veces ni la grande. Sin embargo, nos preocupa que tenga consecuencias sobre la intimidad de las personas, su seguridad, o sus puestos de trabajo. Que redunde en la concentración de poder sin atender a una redistribución o territorialización justas. Por ello, y porque consideramos que es necesario hacer un análisis crítico de esta economía digital, en la que se apuesta por tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el tráfico masivo de datos, la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores, los ordenadores cuánticos, o las tecnologías de cadena de bloque, la Fundación Rosa Luxemburg reunió en Madrid a varias personas activistas y expertas en la materia que, desde diferentes perspectivas, trataron de dar respuesta a una pregunta: Digitalización, ¿para quién?.
Spoiler: La apuesta por la digitalización tal y como está planteada va en la mala dirección en muchos de los ámbitos analizables.
Cambios e impactos en nuestras vidas
“Los fondos Next Generation proponen una mochila tecnológica: paquetes tecnológicos que imponen a pymes y micropymes, y que suponen una de las mayores apuestas de esta digitalización, ya que estas empresas representan el 95% del tejido productivo español. Partiendo de la base de que la tecnología no es neutral, no permitir elegir qué tipo de tecnología queremos emplear supone ya una implementación determinada” analiza en su presentación sobre el impacto de estos fondos en nuestro tejido productivo Genoveva López, de REAS-Madrid.
Hablar de digitalización es en realidad hablar de datificación.“Por primera vez en la historia, todo lo que hacemos deja rastro” con esta frase introdujo su intervención Gemma Galdón, especialista en ética tecnológica y responsabilidad algorítmica, señalando que la tecnología ocupa aquellos lugares antaño íntimos: nuestra casas. Estamos todo el día generando datos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desplazándonos al trabajo, al cole, al dentista. Generamos datos y más datos registrados, analizados y comercializados con intereses empresariales, pero también políticos. Esto no sólo interviene en nuestro derecho a la intimidad, también a la protesta o simplemente al olvido. «Por primera vez es más caro olvidar que recordar. Olvidar, de hecho, es imposible”. La “datificación” hace desaparecer la línea entre lo público y lo privado, pasado y presente, permitiendo, gracias a que todos y todas tenemos dispositivos encima, una recogida masiva de datos y su mercantilización.
Estos datos alimentan una tecnología llamada inteligencia artificial, que está adquiriendo también un peso creciente en nuestra vida personal y política con usos no siempre éticos. Por ejemplo Cambridge Analytica activó gracias a la inteligencia artificial una especie de «máquina de propaganda” para aprovechar las personalidades de los votantes individuales y provocar grandes cambios en la opinión pública. Enumeramos algunas de sus victorias: ayudó en la campaña del presidente estadounidense Donald Trump, consiguió ser una herramienta estratégica para la campaña Brexit Leave y lideró la campaña electoral de Ted Cruz en 2016.
La inteligencia artificial toma decisiones con algoritmos y “mejora” sus procesos con el machine learning. Lo que también afecta a nuestro mundo laboral. Actualmente, muchas empresas están integrando algoritmos en procesos de selección, evaluación o despido de su personal. Por ejemplo, Uber fue demandado el año pasado por su algoritmo de selección racista. Y no nos dejemos otro avance tecnológico: la automatización de procesos ligada a la desaparición de puestos de trabajo (especialmente en sectores como transporte, manufacturas, administración, construcción y algunos servicios como traducción). Según datos del Foro Económico Mundial, en 2025 se habrán destruido 75 millones de empleos en todo el mundo. Es urgente reflexionar sobre el abordaje de este proceso.
¿Existe un conflicto entre esta tecnología y nuestros derechos laborales? Puesto que la primera se usa, al menos hasta la fecha, para favorecer la capacidad del empleador para ganar más dinero y ejercer más poder, podemos decir que sí. Esto es posible por varios motivos: la falta de regulación en el uso de los algoritmos; la desigualdad que produce entre otras cosas una notable brecha digital; y la concentración de estas herramientas y de la tecnología en pocas empresas con mucho poder. Además, esta fase digital del capitalismo está suponiendo de nuevo una impresionante profundización del extractivismo y un aumento de las emisiones de efecto invernadero, como alerta Adrián Almazán, de Ecologistas en Acción, “Si las TIC fueran un país, sería el tercero en términos de consumo eléctrico, sólo por detrás de China y EEUU”, por lo que también podemos decir que, aparte de las consecuencias sociales, estamos ante un escenario de destrucción ecológica exponencial.
Por una digitalización que garantice derechos
La digitalización fue la condición de posibilidad de la llamada globalización. Ahora es también su muleta para una nueva fase de expansión. Existen nuevos modelos de trabajo, pero siguen el patrón de acumulación capitalista y lo que se nos ha vendido como pequeños cambios técnicos tiene importantes impactos sociales que llegan a cambiar la relación de las personas con sus derechos fundamentales. El uso de la tecnología en seguridad, por ejemplo, hace peligrar nuestro derecho a la protesta. Un claro ejemplo fue el de los trabajadores del metal en Cádiz, que, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, fueron detenidos a posteriori por participar en las movilizaciones.
Estos impactos se entienden “neutros” por ser técnicos, por lo que no se han valorado y controlado lo suficiente. Así, la digitalización está reproduciendo y acrecentando las tensiones sociales preexistentes, porque está unida a mecanismos de control social, porque la lógica algorítmica es discriminatoria en términos de género, raza y clase, y porque, en última instancia, también propicia una fuerte injerencia política en lo que tiene que ver con la creación de corrientes de opinión. Por eso, pese a sus bondades, hay que analizarla y ponerla en duda, aunque sea nadar contra corriente, como señala el economista Yago Álvarez, de El Salto Diario, que recuerda que «cuesta poner en duda la digitalización porque socialmente está asimilada como positiva”.
La revisión del impacto social y medioambiental de este nuevo oro tecnológico es una línea de trabajo importante para la Rosa-Luxemburg-Stiftung. Anticipar estrategias de protección y regulación tecnológica, incorporar el ámbito tecnológico a la defensa de los derechos y no al revés, o estudiar cómo se puede traducir en nuestro marco legal para evitar una mayor reproducción de desigualdades sociales son algunos de los objetivos que se dibujaron en el encuentro “Digitalización ¿para quién?”. Se han dado algunos pasos: La nueva “Ley Rider” ya obliga a las empresas a informar a los trabajadores sobre los algoritmos que afecten a su trabajo. La Comisión Europea quiere imitar la “Ley Rider” también en lo referente al uso del algoritmo. Hay esperanza.