Las estrategias de la extrema derecha para oponerse a los derechos de las mujeres y los avances sociales

Nora Rodríguez y Miquel Ramos

La lucha por los derechos de las mujeres siempre ha desatado olas reaccionarias de todos aquellos que se niegan a cuestionarse sus privilegios, a perder poder y a remover las estructuras patriarcales sobre las que se asienta el capitalismo. La extrema derecha, con la intención de revertir las políticas sociales y los consensos alcanzados en derechos humanos, así como para frenar los avances que se estén produciendo, ha desplegado toda una serie de estrategias que se están implementando a nivel global.

En España, la oposición al feminismo había venido principalmente desde una tradición religiosa y conservadora, sobre todo contra el aborto y el matrimonio homosexual y en defensa de la familia tradicional. Desde hace años emergen otros sectores dentro de la extrema derecha, desde partidos con presencia institucional como Vox a grupos neonazis, grupúsculos incels[1], a movimientos surgidos y basados en las redes sociales. Es importante considerar el impacto de youtubers e influencers de declarada misoginia, que hoy hacen carrera y negocio insultando y acosando a mujeres feministas, difundiendo constantemente bulos. Muchas veces, la desinformación y las campañas de estos nuevos actores acaban marcando el debate público e incluso llegan a los medios de comunicación convencionales. También se han destacado por su incesante campaña contra el Ministerio de Igualdad, las mujeres que lo conforman y las políticas sociales y de género que ha llevado a cabo.

Aun así, el feminismo ha sabido asentar consensos y se ha instaurado como un dique de contención y freno a la extrema derecha. Conformándose como un movimiento amplio, transversal, con gran influencia en la esfera pública y política, ha conseguido fijar consensos sociales básicos en torno a los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. Estos derechos conquistados y estos consensos hacen salir de sus cavernas a tantos misóginos cada vez que la violencia de género, las agresiones sexuales o el consentimiento salen a la palestra.

Pero además de esta confrontación directa contra el feminismo y las feministas, atacando cada acto, cada movilización o cada Ley que suponga un avance en los derechos de las mujeres, también vemos como utilizan otras estrategias.

Una de ellas pasa por instrumentalizar el dolor de las víctimas de la violencia de género para introducir soluciones punitivistas para un problema estructural que niegan, exigiendo penas más duras, o la pena de muerte. Y otra de las estrategias de la extrema derecha es la racialización de la violencia sexual y del machismo. Para ello, amplifican constantemente las violaciones o las agresiones perpetradas por personas migrantes o personas racializadas, donde no dudan en difundir bulos, atribuyéndoles a menudo agresiones que no han cometido, aludiendo constantemente a una supuesta cultura de la violación importada desde otros países, principalmente africanos y de Oriente Medio que pone en peligro a las “mujeres españolas”. Por ello, una de las medidas que han propuesto para acabar con la violencia contra las mujeres es el cierre de fronteras y la deportación de migrantes.

En el Estado español hemos visto en los últimos años tres casos de agresiones sexuales que han desatado oleadas de indignación social y movilizaciones feministas a la vez que una respuesta y condena masiva. Hablamos del caso conocido como el de “la Manada”, el caso del club de fútbol Arandina, ambas violaciones grupales, y el reciente “caso Rubiales”. La respuesta de la ultraderecha en estos casos es significativa para retratar su posición ante este tipo de sucesos.

En el caso de la violación en grupo conocida como el caso de la Manada, además de a los agresores, se juzgó y condenó a unas personas por acosar y difundir datos personales de la víctima. La Agencia Española de Protección de Datos comprobó que su identidad había sido difundida en redes sociales y en varios foros y webs populares de la extrema derecha. Tras esto, y tras ser obligadas a borrar estas publicaciones, webs neonazis y ultras estadounidenses siguieron promoviendo el linchamiento de la víctima y la difusión de sus datos personales.

En febrero de 2020, un militante neonazi de Valladolid fue condenado a dos años de prisión por difundir imágenes de la violación y del rostro de la víctima en su cuenta personal de Twitter. También fue condenado a tres años de prisión Josele Sánchez director del ultraderechista diario digital La Tribuna de Cartagena, como autor de un delito contra la integridad moral en concurso con otro de revelación de secretos en un artículo titulado ‘Yo no te creo’. En este texto además de denigrar a la víctima difundía datos tales como su nombre y apellidos, domicilio, documento nacional de identidad, centro donde cursaba sus estudios universitarios y dos fotografías, en una de ellas se podía ver a la víctima durante la agresión sexual.

Por otro lado, el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, tras la sentencia hizo unas declaraciones en las que decía cosas como: «Se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista», o «hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión», «Esto es gravísimo. Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres. Más liberticidio progre», o incluso que «la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente a través de la prostitución». Hay que recordar que Serrano era juez en excedencia, y tras el escándalo de estas declaraciones, su propio partido tuvo que desvincularse y finalmente el juez dejó el partido tras ser imputado por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones de euros.

Además, según declaró el propio abogado de la Manada, Vox intentó ficharle tras una intervención que realizó  en un programa de televisión sobre la ley de violencia de género.

En el caso Arandina, en el que tres jugadores de este club violaron a una menor de edad de 15 años, el militante de Vox, Bertrand Ndongo, tras la sentencia condenatoria aprovechó para atacar la ley de violencia de género tachándola de «criminalmente inconstitucional» y de que «no respeta la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos». Además, realizó declaraciones en las que decía que «La ley desampara a mis hijos varones, escucha a ellas siempre y nunca va a escuchar a mis hijos. Ellas siempre van a tener razón y ellos siempre serán los malos de la película», o, «Yo tengo tres hijos y hoy me he levantado con la sensación de que cualquier mujer puede arruinar su vida cuando le da la gana». Sobre la víctima, una menor de 15 años dijo que «no se puede hablar de menor de edad» porque «si entramos en el comportamiento de muchas de ellas, te quedas abrumado». «Consumen alcohol, fuman, y ojo a sus cuentas de Instagram: culo en pompa, tanga, historiales de tipo caliente; barbaridades de ese tipo. Pero luego cuando ocurren cosas las llaman menores», añadió.

Alonso de Mendoza, candidato de Vox al Congreso por Madrid puso un tuit con el siguiente contenido: «Por muy menor que sea, esa chica es una arpía de tres pares de narices, igual que su madre, que prefiere tener a tres inocentes en la cárcel antes que admitir que ha criado a una fulana”. En este caso, al igual que sucedió con el de La Manada, se filtraron datos privados de la víctima y unos audios personales de la menor en redes sociales por parte de Cristina Seguí, una influencer de extrema derecha y fundadora de Vox. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) requirió a Seguí que borrase los tuits en los que había insertado el vídeo, ya que se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el nombre de usuario en Instagram de una de las víctimas y podían verse las caras de dos de las niñas. Seguí borró el vídeo y volvió a subirlo con las caras de las menores pixeladas pero con contenido que todavía permitía identificarlas. Por esto fue denunciada e investigada por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra la intimidad y otro de odio.

El líder de Vox, Santiago Abascal dijo en 2019 durante el debate electoral en el que se presentaba como candidato a la presidencia del Gobierno que “saben ustedes que hablan de las manadas y aquí hemos conocido los nombres los detalles de una manada de españoles en 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros». Declaraciones demostradas falsas ya que no existen de manera oficial datos que recopilen agresiones sexuales de manera múltiple o grupal y tampoco datos que desglosen por nacionalidad estos delitos. En cambio, los datos que existían en ese momento, recogidos en el informe disponible de 2017 sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España del Ministerio del Interior (donde se agrupan delitos de abuso, agresión sexual o acoso sexual entre otros) indicó que el 70,1% de los detenidos eran españoles y el 29,9% extranjeros, pero no se contemplan datos de violaciones múltiples.

Es común la difusión de mensajes por parte de su partido remarcando los delitos cometidos o supuestamente cometidos por personas migrantes. A mediados de 2021, tras salir en prensa una noticia de una violación en grupo, desde las redes sociales oficiales de Vox se difundía el siguiente mensaje: “La manada de Zaragoza. Las televisiones no harán programas especiales, no veremos sus caras y la izquierda no hará manifestaciones porque no son españoles. ¡Expulsión y que cumplan la condena en su país!”. O este otro tras una agresión sexual en Córdoba: “Nueva violación en manada protagonizada por inmigrantes. Esta vez en Córdoba. Estas son las consecuencias de la inmigración descontrolada que promociona el Gobierno. ¿Pedirán las feministas del Gobierno la expulsión de las manadas de extranjeros?”.  Mensajes como estos que son continuos cada vez que sale una noticia en la que los involucrados son inmigrantes, sea este dato real o un mero bulo racista, nos permite ver la diferencia de trato entre unos casos y otros, y el objetivo real de utilización de la violencia contra las mujeres para criminalizar la inmigración y colar su discurso racista.

Con el caso Rubiales, en el que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol agarra y besa a una jugadora en la boca sin consentimiento tras ganar el mundial, se ha desatado otra ola de indignación que ha ido acompañada una vez más de un ataque de estos sectores conservadores. A pesar de existir un vídeo en el que se aprecian claramente los hechos, comenzó una campaña contra el feminismo y contra la denunciante, a la que han acosado incluso en la calle. Un ejemplo de esto es el agitador ultra conocido como Alvise, conocido por sus continuas campañas contra las feministas. Alvise ha difundido reiterados mensajes sobre la víctima, denigrándola y acosándola, publicando fotos y vídeos de ella con su familia y amigos dentro de su esfera privada, en un intento de desacreditarla.

En este caso, Vox tardó 10 días en hacer declaraciones, y lo hizo para defender al presidente de la Federación y pedir la dimisión del Gobierno: “Denunciamos la cacería política y mediática a la que se está sometiendo personalmente al señor Rubiales”, dijo el partido en un comunicado. Al igual que hiciera el propio Rubiales en sus primeras declaraciones públicas, tachan esta reacción de “falso feminismo”. El partido ultraderechista “Hacer Nación” coincide con Vox considerando que esta polémica ha sido generada por el Gobierno de Sánchez para ocultar los grandes problemas en los que está sumida España. El partido de Abascal declaraba que “siempre apoyará a las verdaderas víctimas de violencia” y que se consideran “el único partido que exige las máximas penas para sus agresores frente a los que los benefician y excarcelan mientras hacen discursos que sólo sirven para dividirnos y enfrentarnos”.

Con todo esto vemos como por un lado piden el endurecimiento de las penas a los agresores, pero a la vez no consideran que haya violación o abuso sexual en las denuncias expuestas ni creen a las víctimas cuando denuncian. Hablan de cadena perpetua revisable a los asesinos, pero niegan la violencia de género y se oponen sistemáticamente a las medidas adoptadas para intentar frenarla, a las leyes y los Juzgados creados para ello, así como a los homenajes a mujeres asesinadas, que son en numerosas ocasiones boicoteados por sus miembros. La extrema derecha juega en este marco punitivista, cuya única propuesta es el aumento de penas, y que no admite violencia estructural, sino casos puntuales que no considera adjudicables a un género. Solo existe un reconocimiento de la violencia hacia las mujeres cuando necesitan usarla para atacar a la inmigración. Con propuestas de construir vallas para frenar inmigración, a la que achacan ser los responsables de las violaciones y la violencia contra las mujeres, pero con un ataque y cuestionamiento a las víctimas cuando los violadores son europeos o españoles.

Es especialmente preocupante el escenario en el que nos encontramos, donde Vox ha entrado en los gobiernos del País Valenciano, Castilla y León, Baleares, Andalucía y Murcia. Además, han llevadoen su programa para las elecciones generales su objetivo de derogar la Ley contra la violencia de género y eliminar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los cuales define como «tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima». Así como, eliminar el Ministerio de Igualdad, derogar las leyes trans o la Ley del aborto.

Hay que recordar que al cierre de este artículo, en septiembre de 2023, 49 mujeres habían sido asesinadas por violencia de género en nuestro país, el mismo número que en todo el año 2022.

[1] Los Incels, acrónimo de la expresión inglesa “involuntary celibate”, célibes involuntarios, son hombres que se definen a sí mismos por su incapacidad de establecer relaciones sexuales con mujeres.

Nora Rodríguez, @NoraRodrguez, es abogada penalista especializada en delitos de odio. Ha participado en diversas campañas, así como en investigación y monitorización de los grupos de extrema derecha españoles. Coautora de la publicación “De los neocon a los neonazis. La extrema derecha en el Estado español” de la Fundación Rosa Luxemburg.

Miquel Ramos, @Miquel_R, es periodista especializado en extrema derecha y discursos de odio. Coordinador de la publicación “De los neocon a los neonazis. La extrema derecha en el Estado español” de la Fundación Rosa Luxemburg y autor del libro “Antifascistas. Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90”.