Las elecciones locales y autonómicas (regionales) de mayo del 2023 supusieron un giro a la derecha en la mayoría de territorios del Estado español. Barcelona no fue una excepción: la hipermovilización de los barrios más ricos y el estancamiento electoral de Barcelona en Comú, el partido con el que Ada Colau gobernaba la ciudad desde 2015, llevó al exalcalde conservador Xavier Trias a ser el candidato más votado, al frente del partido independentista Junts. Colau perdió la alcaldía que había ocupado durante 8 años y su partido favoreció la investidura como alcalde del socialista Jaume Collboni, considerado como un mal menor en comparación con Trias, que había prometido revertir el legado de los gobiernos de Colau.

La inesperada llegada de Ada Colau, activista por el derecho a la vivienda, a la alcaldía de Barcelona en 2015, supuso un terremoto político para la capital catalana. Colau y su partido impulsaron profundas transformaciones urbanas y sociales. Pero también se enfrentaron a fuertes resistencias de las élites políticas, económicas y mediáticas, así como a los límites intrínsecos de las instituciones municipales en el Estado español y a las contradicciones de la política partidista. Barcelona en Comú, una plataforma electoral de nueva creación, consiguió consolidarse después del ciclo municipalista de 2015, cuando llegaron al poder en importantes ciudades españolas varias candidaturas populares, coaliciones de izquierdas que reunían a políticos con activistas de movimientos sociales.

Este artículo explica la huella dejada por los gobiernos de Colau (2015-2023) en distintos aspectos de las políticas públicas de la ciudad, señalando las áreas donde se impulsaron transformaciones duraderas (como urbanismo, vivienda y políticas feministas) y aquellas en las que el cambio fue menos perceptible (como las políticas de seguridad). Además, se sitúa el caso barcelonés en el contexto de la ola municipalista de 2015-2019 y se analizan las peculiaridades organizativas de Barcelona en Comú, así como sus relaciones con los movimientos sociales de la ciudad. Barcelona es la única gran ciudad europea donde la izquierda transformadora consiguió consolidar un gobierno durante dos legislaturas después del ciclo de movilizaciones populares iniciado en 2011. El análisis de este caso ilustra las potencialidades y límites de los municipios como espacio de transformación política y arroja conclusiones que pueden ser útiles a otras fuerzas municipalistas.

1. La ola municipalista del 2015-2019

2015 fue el año del cambio para la política española. Podemos, el nuevo partido de la izquierda transformadora creado el año anterior, estaba viviendo un ascenso meteórico que preocupaba profundamente a las fuerzas tradicionales, el Partido Popular (PP, conservador) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE, socialdemócrata). Mientras tanto, en Catalunya el movimiento independentista acumulaba muestras de fuerza, con enormes manifestaciones

reclamando un referéndum de autodeterminación. El establishment español temblaba, amenazado por lo que ellos denominaban el “populismo” y el “separatismo”.

Después del muy buen resultado que obtuvo Podemos en las elecciones europeas de 2014, las elecciones municipales y autonómicas de 2015 eran su primer gran reto electoral. La novedad del partido y su estructura centralizada (la mayoría de los líderes vivían en Madrid) dificultaba competir con éxito con las bien aceitadas maquinarias de los partidos tradicionales. Por eso, el partido de Pablo Iglesias decidió impulsar o unirse a las candidaturas municipalistas que se estaban formando en diversas ciudades, con participación de activistas de movimientos sociales y militantes de otros partidos de izquierda. Con diferentes composiciones y denominaciones (Ahora Madrid, Zaragoza en Común, Cádiz Sí Se Puede, Barcelona en Comú), estas candidaturas obtuvieron resultados históricos en algunas de las principales ciudades del país.

La ola municipalista que recorrió el Estado recordaba a la victoria de las izquierdas en las primeras elecciones locales tras la muerte del Francisco Franco, en 1979, o el triunfo en las grandes ciudades de las candidaturas republicanas en 1931, que precipitó la proclamación de la Segunda República. En diferentes momentos de la historia española, las ciudades han sido vanguardia de los cambios políticos progresistas. En 2015 se unieron esta tradición municipalista española y la ola de indignación que atravesaba Europa por la crisis financiera y las políticas de austeridad, una marea de cambio que había llevado al poder a Syriza en Grecia.

Sin embargo, con pocas excepciones, la etapa municipalista fue corta; la mayoría de las candidaturas de izquierdas fueron expulsadas del poder en las elecciones de 2019, en gran parte debido al cambio del ciclo político en el Estado español. Aunque Podemos había conseguido un buen resultado en las elecciones generales de 2016 —un tercer puesto muy cerca del PSOE—, el partido más votado fue el PP y su líder, Mariano Rajoy, llegó a la presidencia gracias a la abstención del PSOE. En 2017 se celebró en Catalunya un referéndum independentista, impulsado por el gobierno autonómico y declarado ilegal por la justicia española. El evento, que movilizó a millones de personas, fue duramente reprimido por la policía española. Después vino la persecución judicial de los líderes independentistas, que fueron acusados de delitos gravísimos totalmente desproporcionados y acabaron encarcelados o en el exilio.

La política española experimentó un giro a la derecha como respuesta al independentismo., el partido de centroderecha Ciudadanos se extendió desde Catalunya al resto del Estado y creció rápidamente el apoyo al partido ultraderechista Vox. Las elecciones autonómicas y municipales de 2019 marcaron el fin del ciclo electoral progresista iniciado con las europeas de 2014. El PP se alió con Vox para gobernar varias regiones, mientras que la derecha recuperó el poder en casi todas las ciudades gobernadas por candidaturas municipalistas. De entre las principales ciudades, solo resistieron Barcelona y Cádiz.

En Madrid, una ciudad tradicionalmente conservadora, el gobierno progresista de la exjueza Manuela Carmena solo duró 4 años. Seleccionada como candidata por su capacidad de atraer al electorado de centroizquierda, Carmena mostró desde el inicio un estilo autoritario de liderazgo dentro de Ahora Madrid, la candidatura que le había llevado al poder. Fueron frecuentes los enfrentamientos de la alcaldesa con sus concejales más izquierdistas y la ambiciosa agenda de transformación promovida por Ahora Madrid se vio moderada por las posturas de la alcaldesa. En las elecciones de 2019, Ahora Madrid fue el partido más votado, pero la suma de PP y Ciudadanos fue suficiente para expulsar a la izquierda del poder. No obstante, sería injusto atribuir la derrota principalmente a los errores de Carmena; más bien el vuelco electoral progresista de 2015 fue una excepción en la historia electoral de la capital.

En Barcelona la evolución fue muy distinta. Si las elecciones del 2015 fueron las de la indignación y el rechazo a las políticas de austeridad, las de 2019 estuvieron marcadas por el ‘procés’ independentista. Impulsado por el rechazo a la represión del independentismo, el partido más votado fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una formación independentista y socialdemócrata. Sin embargo, Colau consiguió mantener la alcaldía gracias a un pacto con el PSC (con el que había gobernado durante parte del primer mandato) y el voto a favor del ex primer ministro francés Manuel Valls, que se había presentado a las elecciones municipales con un discurso liberal-conservador y anti-independentista. Este polémico movimiento le valió a Colau la enemistad de la militancia independentista y de una parte de la izquierda alternativa.

El acuerdo de gobierno entre ‘comunes’ y socialistas duró toda la legislatura, lo que permitió una estabilidad mayor que la del primer mandato, y aplicar gran parte del programa electoral. Sin embargo, el control por parte de un PSC escorado a la derecha de áreas claves como Economía, Seguridad o Movilidad limitó el impulso transformador de Barcelona en Comú y produjo contradicciones que tensaron a la militancia del partido y atenuaron su imagen de partido transformador.

Podemos concluir que Barcelona en Comú impulsó entre 2015 y 2019 una agenda más transformadora que la de Ahora Madrid. Además, Colau fue una candidata y alcaldesa mucho más radical que Carmena. Esto tiene que ver en gran parte con la diferente composición sociopolítica de ambas capitales: mientras en Madrid la derecha más neoliberal ha sido hegemónica durante décadas, Barcelona solo ha tenido un alcalde claramente conservador desde el inicio de la democracia (Trias, del partido independentista Junts, entre 2011 y 2015), y cuenta con un tejido asociativo y militante mucho más potente que el de la capital del Estado.

Por otro lado, las diferencias de contexto político entre Catalunya y el conjunto del Estado son probablemente el principal factor que explica la distinta suerte que corrieron las candidaturas municipalistas de ambas ciudades en 2019: mientras que el ‘procés’ independentista impulsó a una derecha radicalizada en Madrid, la represión del mismo ‘procés’ movilizó al electorado independentista en Barcelona, mientras que Barcelona en Comú sufrió un cierto desgaste por su postura en el conflicto independentista: apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo catalán expresado a través de un referéndum, sin pronunciarse ni a favor ni en contra de la independencia.

2. La transformación de Barcelona

Barcelona en Comú llegó al ayuntamiento con una ambiciosa agenda de transformación que incluía todos los aspectos centrales de la política municipal. Sin embargo, en algunas áreas el cambio fue más visible que en otras, por varias razones. Primero, por la distinta atención dedicada por el gobierno a cada tema. Segundo, por la diferente intensidad de las resistencias burocráticas o políticas. Tercero, por el carácter desigual de las competencias municipales: la capacidad de actuación de los ayuntamientos españoles es mucho mayor en algunas áreas (urbanismo, por ejemplo) que en otras (como educación o economía).

Por otro lado, las prioridades evolucionaron a lo largo de los dos mandatos. El primero estuvo centrado en la atención a la crisis social derivada del crack financiero de 2008 y los recortes del Estado de bienestar, además de temas más específicos como la mejora de la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana del ayuntamiento, dos demandas centrales del Movimiento 15-M (el ‘movimiento de las plazas’ surgido en 2011, que proporcionaría el caldo de cultivo para el nacimiento de Podemos y los movimientos municipalistas en los años siguientes). En la segunda legislatura los ‘comunes’ querían centrarse en la transformación urbana, para incrementar los espacios verdes y peatonales y reducir la contaminación, pero la pandemia de COVID-19 del 2020 volvió a poner la cuestión social en el primer plano y retrasó las grandes obras previstas.

Vivienda

Ada Colau se hizo conocida en todo el Estado como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que organizó políticamente la respuesta a la ola de desahucios provocada por la crisis inmobiliaria y afectó con especial dureza a familias de renta baja y de origen migrante. La PAH, creada en 2009, se convirtió en una de las principales organizaciones del ciclo de movilizaciones iniciado en 2011.

La preocupación de la nueva alcaldesa con el acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas sociales en las capitales españolas, se tradujo en una inversión récord en la construcción de viviendas sociales (el parque público de viviendas de la ciudad pasó de 7.600 pisos en 2015 a más de 11.000 en 2022) y políticas innovadoras para garantizar el derecho a la vivienda, uno de los puntos más débiles del Estado de bienestar español (solo el 2,5% del parque de viviendas corresponde a vivienda social, frente a la media europea del 9,3%). Una de las medidas más novedosas fue la creación de una unidad antidesahucios que media entre propietarios y personas amenazadas con ser expulsadas de sus casas, que consiguió parar 9 de cada 10 desahucios en la ciudad, atendiendo a más de 14.000 familias hasta 2023.

También se probaron nuevos métodos para ampliar más rápido el parque público de vivienda asequible, como la construcción industrializada utilizando contenedores de barco —una técnica sostenible frecuente en países del norte de Europa pero que recibió fuertes críticas en Barcelona—. También fue importante simbólicamente la normativa que obliga a reservar el 30% de las nuevas promociones a vivienda social, una regulación celebrada por los movimientos sociales pero que hasta ahora ha tenido resultados limitados por la bajada del ritmo de construcción de los operadores privados.

Turismo y economía

En 2015, las encuestas mostraban que el turismo ya era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de Barcelona, uno de los principales destinos turísticos de Europa. La ciudad sufría (y sufre) la masificación de sus calles, el ruido insoportable en algunos barrios, la contaminación provocada por los cruceros gigantes que atracan en su puerto durante todo el año y, sobre todo, la subida del alquiler por la proliferación de apartamentos turísticos. El nuevo gobierno prohibió la apertura de nuevos pisos turísticos en toda la ciudad y limitó los hoteles en el centro, una medida criticada por unas élites económicas que siguen presentando el turismo como la panacea para luchar contra el paro. El plan consiguió el objetivo de reducir el número de apartamentos turísticos, pero se mantuvieron instituciones de promoción del turismo como el Consorcio de Turismo (un organismo público-privado con destacada presencia de empresas) y el número de visitantes siguió creciendo durante los años de gobierno de los ‘comunes’. En enero de 2024, 6 de cada 10 encuestados afirmaban que se estaba llegando al límite de la capacidad de recibir turistas.

El turismo ilustra una de las paradojas de la era Colau: una de las capitales económicas de Europa estuvo gobernada por una alcaldesa opuesta al neoliberalismo y muy crítica con el capitalismo. Una contradicción que se tradujo a veces en renuncias política: como candidata, Colau se opuso al Mobile World Congress (el principal congreso de telefonía móvil del mundo, que se celebra en Barcelona) pero como alcaldesa acabó alabándolo. Algo parecido sucedió con la Copa América de vela, que pese a ser criticada por movimientos sociales como un macroevento que no beneficiaría a la ciudadanía, fue recibida con los brazos abiertos por el gobierno municipal (ambos son eventos privados pero dependen del apoyo de las administraciones). Por el contrario, Colau se opuso firmemente a la candidatura catalana a los Juegos Olímpicos de Invierno, un proyecto en una región castigada por la sequía y donde la nieve es cada vez más escasa. El gobierno catalán acabó renunciando a la candidatura.

Más allá del turismo y los macroeventos, la gran contradicción de los ‘comunes’ en relación a la economía fue que, durante la mayoría de los 8 años de gobierno, el área de política económica del ayuntamiento estuvo en manos del PSC, un partido con un discurso social pero una orientación marcadamente neoliberal. Sin mayoría absoluta, Barcelona en Comú estaba obligada a ceder áreas de gobierno a su socio, y los socialistas tenían especial interés en dirigir la política económica de la ciudad y cuidar sus buenas relaciones con las élites barcelonesas.

A pesar de la política económica continuista del PSC, los ‘comunes’ lograron dar un impulso a la economía social y solidaria, en ámbitos tan diversos como las cooperativas de vivienda o la cultura. Además, el ayuntamiento creó en la antigua fábrica de Can Batlló el vivero de cooperativas más grande de Europa, protegiendo a largo plazo un sector con un peso considerable en Barcelona. También se modificaron las normas de contratación municipal para introducir criterios sociales, medioambientales y de género, y se reorientó la política de empleo de la ciudad para atender a los sectores más precarizados.

Política social

La lucha contra la desigualdad fue uno de los ejes centrales de la propuesta política de los ‘comunes’ cuando alcanzaron la alcaldía en 2015. Los servicios sociales son una de las principales competencias de los ayuntamientos españoles, pero sus presupuestos y competencias son claramente insuficientes para hacer frente a las altas tasas de pobreza que son endémicas en el Estado español. (Por ejemplo, la tasa de pobreza infantil española llegó al 27,8% en 2023[2], en un momento de crecimiento económico).

Los gobiernos de Barcelona en Comú ensayaron políticas innovadoras de garantías de rentas, estirando las competencias municipales al máximo en consonancia con la posición del partido a favor de una renta básica universal. Entre 2016 y 2019 la ciudad acogió una de las pruebas piloto de renta básica más importantes de Europa, el programa B-MINCOME. Sin embargo, estas innovaciones no tuvieron demasiada continuidad debido a las resistencias burocráticas y la falta de impulso político del gobierno municipal. La estructura básica de los servicios sociales se mantuvo sin transformaciones profundas después de 8 años, conservando en lo esencial los rasgos disciplinarios y asistencialistas que determina la legislación estatal.

Sí tuvieron continuidad las políticas innovadoras en ámbitos como el sinhogarismo o en salud, con la creación de nuevos servicios de atención a la salud mental y bucodental. Aquí de nuevo el gobierno municipal estiró sus competencias para intentar cubrir los huecos dejados por el sistema de salud estatal y catalán, enfrentando incluso denuncias del Colegio de Odontólogos. La justicia acabó limitando el alcance del dentista municipal, pero esta y otras políticas de salud inspiraron mejoras legislativas  como la Ley de la atención pública de la salud bucodental aprobada en 2020 en Catalunya. Esta dinámica virtuosa de imitación se repitió en varios ámbitos de políticas públicas.

Urbanismo

El urbanismo es la competencia estrella de los ayuntamientos españoles, el ámbito donde tienen más margen de maniobra y donde la discusión política y mediática es más intensa. Mientras que políticas sociales que cambian la vida de miles de personas pueden pasar desapercibidas para la prensa local, incluso pequeñas modificaciones urbanísticas llenan portadas y provocan crisis políticas. En Barcelona, una de las ciudades más densamente pobladas de Europa, con una rica tradición arquitectónica y también serios problemas de contaminación, las batallas políticas sobre el urbanismo son especialmente intensas.

Una de las actuaciones más criticadas de Colau fue el ‘urbanismo táctico’, consistente en transformar el espacio urbano de manera rápida con elementos provisionales (sin hacer obras), por ejemplo para ampliar el espacio peatonal. Fue sorprendente la tormenta mediática y política desatada contra este tipo de actuaciones, únicamente por criterios estéticos. La derecha lo tuvo más difícil para criticar de manera creíble el rápido crecimiento de la red de carriles bici en la ciudad, que se dobló entre 2015 y 2023.

Pero la política urbanística estrella de los ‘comunes’ fueron las ‘supermanzanas’, consistentes en eliminar casi totalmente el tráfico de una serie de calles, convirtiéndolas en semipeatonales. El primer experimento, en el barrio de Poblenou, provocó una fuerte oposición mediática y política, pero fue bien recibido por el vecindario por la reducción de la contaminación y el ruido. La misma secuencia se repitió cuando el programa llegó al Ensanche, el corazón de la ciudad, pero con más intensidad: la campaña electoral de 2023 giró en gran parte en torno a la peatonalización de algunas de las principales calles del centro, que hasta entonces eran prácticamente autopistas urbanas (350.000 vehículos atravesaban el Ensanche cada día antes de las reformas).

A la resistencia de la oposición conservadora y del establishment mediático se unió la sensación en algunos sectores de la ciudadanía de que el Ayuntamiento dedicaba más atención a las zonas centrales de la ciudad que a los barrios populares de la periferia —que tradicionalmente votaban al Partido Socialista pero dieron la victoria a los ‘comunes’ en 2015—. También se hicieron grandes transformaciones en las periferias (peatonalizaciones, parques, mejoras en el entorno de las escuelas…) pero fueron menos espectaculares que la pacificación de una de las principales arterias de la ciudad y, sobre todo, recibieron mucha menos atención mediática.

Medio ambiente

Más allá del urbanismo, Barcelona en Comú mostró un liderazgo claro en la lucha contra el cambio climático, si bien en algunos casos el miedo a los costes electorales impidió ir tan lejos como habría sido posible. Durante los gobiernos de Colau se ampliaron los espacios verdes, mejoró el transporte público y se redujo el tráfico privado en el centro un 17% en 5 años, —gracias a las peatonalizaciones y la Zona de Bajas Emisiones, una medida que provocó descontento en parte de la ciudadanía por la prohibición de los vehículos más contaminantes—. Sin embargo, las tasas de reciclaje se mantuvieron bajas, debido a la falta de voluntad política para generalizar el sistema de recogida de basura puerta a puerta.

El tratamiento de residuos es una de las principales competencias municipales y una de las más peligrosas políticamente. De hecho, la supuesta suciedad de la ciudad fue uno de los principales argumentos electorales de la oposición en la disputa electoral de 2023, a pesar de que se habían multiplicado los equipos de limpieza. Como en relación con la seguridad, se demostró gran capacidad de la derecha política y mediática de crear un marco mental favorable a sus objetivos e independiente de la evolución real de los datos (lo que cuestiona, por cierto, la obsesión de numerosos periodistas y políticos progresistas con los datos).

El principal conflicto medioambiental de la era Colau fue la propuesta de ampliación del Aeropuerto del Prat (situado en un municipio cercano a Barcelona), apoyada por la patronal, el gobierno español y los principales partidos —incluido el PSC— . Colau fue la política que más claramente se opuso a la ampliación, que habría incrementado tanto la contaminación como la presión turística sobre la ciudad, y habría dañado una zona natural protegida. Después de las protestas ecologistas y en medio de enfrentamientos con el gobierno independentista de Cataluña, el gobierno estatal suspendió la ampliación. La alcaldesa también abanderó durante sus últimos años al frente de la ciudad la limitación de los cruceros que atracan en Barcelona, una importante fuente de contaminación. En ambos casos, la decisión escapaba a las competencias municipales.

Durante los últimos años de Colau como alcaldesa creció entre los movimientos ecologistas la demanda de establecer un peaje para entrar en la ciudad, medida que habría reducido considerablemente el tráfico privado y habría liberado recursos para el transporte público. Sin embargo, las dudas del equipo municipal por el posible coste electoral y la necesidad de acuerdo con el gobierno catalán impidieron la adopción de esta medida, que habría reducido los altos niveles de contaminación atmosférica y acústica de manera más rápida que las costosas obras impulsadas por los ‘comunes’.

Feminismo y LGTBI

Las políticas feministas y LGTBI fueron uno de los ámbitos donde fue más profunda la transformación impulsada por Barcelona en Comú. La creación de una concejalía específica fue el primer paso de una ambiciosa agenda política, que se desarrolló en paralelo al crecimiento de las movilizaciones feministas en las calles. Quizá la política más relevante fue la transformación interna del ayuntamiento, que fue mucho más allá de la paridad en altos cargos políticos y técnicos: el gobierno introdujo la perspectiva de género en ámbitos tan diversos como el urbanismo, la seguridad o las políticas para personas sin hogar, analizando la afectación diferencial de las políticas a las mujeres y buscando impactos positivos sobre la igualdad. Además, se crearon normas orientadas a garantizar la permanencia del cambio feminista dentro de la institución, como el presupuesto con perspectiva de género o la creación de figuras funcionariales encargadas de impulsar la igualdad.

El gobierno de Colau también dobló los recursos dedicados a combatir la violencia machista y atender a sus víctimas, una de las principales preocupaciones expresadas por el movimiento feminista. Aquí una de las grandes innovaciones fue la creación de una unidad específica de atención a las víctimas de trata de personas, pionera en un país que todavía carece de una ley específica contra la trata. Otro eje de la acción feminista del ayuntamiento fueron las políticas de cuidados, prácticamente inexistentes antes de 2015. Se creó un centro para atender las necesidades de las personas que necesitan cuidados y también de las cuidadoras profesionales, mayoritariamente migrantes en situación precaria. Uno de los servicios más exitosos fue el canguro municipal, que ofrece horas gratuitas de cuidado de niños pequeños para permitir a sus madres tener tiempo libre.

El cambio también fue significativo en el diversidad sexual y de género, con la creación de un Centro LGTBI gestionado por asociaciones, que ofrece asesoramiento psicológico y legal, además de promover contenidos culturales relacionados con la diversidad sexual. Menos conocido pero quizá más transformador es el servicio Transocupació, que ofrece asesoramiento laboral específico a personas trans, un colectivo que sufre una altísima tasa de desempleo. Quedó pendiente una mayor descentralización de las políticas LGTBI en los barrios de la ciudad. En el plano simbólico, Ada Colau hizo en múltiples ocasiones una defensa apasionada de los derechos LGTBI, contribuyendo a la visibilidad de esta agenda en un contexto de ascenso de la ultraderecha.

Participación

La demanda de una mayor participación política de la ciudadanía fue una de las banderas del Movimiento 15-M y también de los gobiernos de Colau. Barcelona se convirtió en un referente internacional, con hitos como la creación de la plataforma digital de participación Decidim, de software libre, que es utilizada por gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Además, por primera vez la ciudad tuvo un presupuesto participativo, que permitió que la ciudadanía decidiese directamente el destino de parte de las inversiones municipales, siguiendo la tradición popularizada en Porto Alegre.

También se creó un nuevo modelo de gestión público-comunitaria de bienes comunes, que permite la administración de espacios de propiedad municipal por parte de asociaciones, con fines de interés general. El antiguo recinto industrial de Can Batlló, ocupado en 2011 por vecinos para reclamar su uso social, es el ejemplo más emblemático de esta nueva política, que profundiza la larga tradición barcelonesa de gestión comunitaria de locales municipales.

Seguridad y convivencia

Las políticas de seguridad son un muro contra el que se han estrellado numerosos gobiernos de izquierda. Uno de los ejemplos más recientes es el de Gabriel Boric en Chile, al que la presión mediática y política ha arrastrado a posiciones punitivistas muy alejadas de la tradición de la izquierda. Los ayuntamientos, que en España son responsables de la policía local, no escapan a esta presión. En el caso de Barcelona en Comú se puede apreciar una evolución desde el primer mandato (en el que gobernaba en solitario), cuando se atribuyó la responsabilidad de la política de seguridad a una figura reconocida por sus posicionamientos progresistas, y el segundo, cuando el pacto con el PSC llevó a que la policía local quedase bajo el mando de un concejal claramente conservador. Durante el primer mandato se impulsaron políticas progresistas como la policía de proximidad, mientras que en el segundo el concejal socialista a cargo de la seguridad lideró actuaciones señaladas como racistas por los movimientos sociales, como las redadas contra manteros (migrantes, la mayoría sin papeles, que venden productos de manera irregular en la calle) u operaciones conjuntas con la Policía Nacional que acabaron con el internamiento de personas migrantes en centros de detención por estar en situación administrativa irregular.

La decisión de ceder el área de seguridad a los socialistas probablemente estuvo relacionada con las fortísimas campañas mediáticas contra los ‘comunes’. Durante años, los medios de comunicación transmitieron el mensaje de que Barcelona se había convertido en una ciudad peligrosa por la laxitud de Colau con la delincuencia y, en particular, con las ocupaciones de viviendas (un fenómeno anecdótico en términos cuantitativos pero elevado por la derecha política y mediática al nivel de drama nacional). Por supuesto, la atención de la prensa a la delincuencia se incrementó en los meses anteriores a las elecciones de 2023, aunque bajasen los datos de criminalidad.

Durante el mandato 2019-2023, el ayuntamiento respondió a la presión incrementando la contratación de policías y adoptando posturas punitivas en cuestiones como la multirreincidencia de delitos leves, mientras la alcaldesa mantenía la firmeza progresista frente a los intentos de estigmatización de la población migrante y racializada. Como le suele pasar a la izquierda, los esfuerzos por mostrar preocupación por la seguridad no dieron el resultado electoral esperado – es probable que este tema tuviese mucho que ver con la derrota de 2023.

La gestión de la pandemia

La llegada de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 trastocó todos los planes del gobierno de Barcelona, como los del resto de administraciones públicas. Los ayuntamientos estuvieron en primera línea frente a la emergencia sanitaria y la crisis socioeconómica que produjo el confinamiento. El ayuntamiento, en colaboración con las autoridades sanitarias catalanas, creó una red de “hoteles salud” donde acoger a personas que no pudiesen realizar correctamente la cuarentena en sus hogares, y repartió alimentos a personas mayores para que no tuvieran que salir de casa.

A la crisis sanitaria pronto se añadió un desastre social: miles de trabajadoras y trabajadores precarios, excluidos de los sistemas de protección creados por el gobierno, se quedaron sin recursos de un día para otro. Mientras surgían redes vecinales que repartían alimentos, el ayuntamiento montó en un tiempo récord pabellones para acoger a personas que se habían quedado sin techo, en un inédito trabajo conjunto con el Ejército. Los ambiciosos proyectos de transformación urbana quedaron aplazados, sustituidos temporalmente por actuaciones de ‘urbanismo táctico’ destinadas a ampliar el espacio para los peatones.

La crisis del COVID obligó a la rígida administración barcelonesa a transformarse durante unos meses. En una ciudad obsesionada con el urbanismo, las preocupaciones sociales pasaron al primer plano. La rígida división competencial y jerárquica se difuminó, con grupos de trabajo mixtos dedicados a resolver los gravísimos problemas que surgían cada día, como la compra de mascarillas y equipos de protección para el servicio municipal de atención a domicilio de personas mayores, el colectivo más castigado por el virus.

Las habituales resistencias burocráticas y políticas a la innovación se suavizaron, lo que permitió aplicar políticas que en otros momentos parecían imposibles. El ayuntamiento abrió sin oposición un centro residencial para personas sin hogar con adicciones y otro para jóvenes (la mayoría migrantes sin referentes adultos, un colectivo muy estigmatizado por la derecha); un Fondo Covid de ayudas económicas de emergencia que llegó a más de 30.000 familias de la ciudad (siguiendo una lógica no asistencialista inspirada en la renta básica); y se forzó un acuerdo con la patronal de los pisos turísticos para destinarlos a personas en situación de emergencia habitacional.

En la Barcelona del COVID se invirtió la tesis de ‘doctrina del shock’ de Naomi Klein: la emergencia reforzó el poder de una administración progresista para hacer cambios, algunos de los cuales fueron duraderos. Ciertas actuaciones de urbanismo táctico se convirtieron en permanentes, las terrazas de los bares ganaron espacio a los aparcamientos de manera definitiva, los nuevos centros para personas sin hogar se consolidaron y los aprendizajes del Fondo Covid sirvieron para reducir la burocracia en otras ayudas sociales.

3. Barcelona en Comú, ¿un partido diferente?

Un puzle político unido por el liderazgo de Colau

Barcelona en Comú nació en 2015, tras el cambio de nombre de la candidatura ‘Guanyem’ creada el año anterior. En esa época la cuestión organizativa era ampliamente debatida en la izquierda española: bajo la consigna de la ‘nueva política’, los líderes de Podemos y de las candidaturas municipalistas manifestaban su intención de superar la forma del partido tradicional, que se asociaba a la corrupción que estaba pudriendo el sistema político bipartidista, y aplicar los principios de horizontalidad del Movimiento 15-M.

El papel de Barcelona en Comú en este debate fue distinto del de Podemos. En el partido barcelonés nunca se implantaron las primarias abiertas a la ciudadanía practicadas durante los primeros tiempos del partido fundado por Pablo Iglesias – que, aunque inicialmente movilizaron a decenas de miles de personas, pronto se convirtieron en un sistema de plebiscito de las decisiones de la cúpula del partido. En su lugar, los ‘comunes’ establecieron votaciones internas de la militancia algo más parecidas a las de los partidos tradicionales y mecanismos de participación no vinculantes, como los ‘procesos de escucha’ de la candidata a los activistas del partido para elaborar su lista electoral.

El funcionamiento acordado en 2015 se ha mantenido con pocos cambios, lo que ha evitado las grandes decepciones sufridas por la militancia de Podemos, a quien se prometió una organización inspirada en las asambleas del 15-M y que se acabó encontrando en un partido tan vertical como los fundados en el siglo XIX. Si bien ha habido rupturas y sectores decepcionados durante los casi 10 años pasados desde la creación de Barcelona en Comú, la situación dista enormemente de la sangría de militancia sufrida por Podemos.

El partido ha conseguido mantener con pocas excepciones la cohesión de las diversas corrientes que lo crearon, incluyendo, por un lado, militantes de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) (el partido heredero del antiguo Partit Socialista Unificat de Catalunya), que unió a socialistas y comunistas en los años 30) y, por otro, activistas de movimientos diversos, muchos con una cultura política hostil a la política partidista. Los ‘comunes’ han conseguido combinar de manera virtuosa la experiencia de militantes poscomunistas acostumbrados a las negociaciones y renuncias de la política institucional con el impulso transformador de activistas de movimientos sociales más cómodos en la protesta callejera que en los despachos de una institución. Mientras que las principales organizaciones de la ‘nueva política’ española han saltado por los aires en procesos de destrucción fratricida televisados casi en directo, Barcelona en Comú ha mantenido las inevitables disputas internas en un nivel de suavidad casi milagroso.

Una de las principales razones de esta excepción es el liderazgo indiscutible de Ada Colau, que a su bagaje de activista y su capacidad comunicativa ha unido una habilidad considerable para moverse en las procelosas aguas de la política institucional, sin olvidar la ambición transformadora que la llevó a la alcaldía en 2015 pero mostrándose dispuesta a tomar decisiones polémicas para mantenerse en el poder. Una de las más difíciles fue sin duda aceptar los votos de Manuel Valls para ser investida alcaldesa en 2019, lo que valió a los ‘comunes’ perder ante la opinión pública la posición centrada que tenían en el conflicto independentista catalán, al impedir la llegada a la alcaldía del independentista Ernest Maragall. Si bien la decisión fue fruto de una votación interna de la militancia, la influencia de Colau fue decisiva en el resultado.

La figura de Colau ha sido el pegamento que ha mantenido unido el partido y la cara visible del proyecto político de los ‘comunes’. Además, Colau ha tenido una considerable proyección nacional e internacional, abanderando más allá de Barcelona la defensa del derecho a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Su figura despertó desde el principio el odio de unas élites que no podían soportar que ocupase la alcaldía de Barcelona una mujer de origen popular y trayectoria activista. En los últimos años su imagen sufrió un desgaste considerable, según las encuestas, fruto de las contradicciones asumidas durante años en la alcaldía y de las duras campañas mediáticas y judiciales desatadas en su contra.

De hecho, Barcelona es un caso de manual de lawfare, las guerras judiciales sufridas por gobiernos o partidos progresistas. Algunos de los casos más conocidos son la destitución judicial de la presidenta brasileña Dilma Roussef en 2016 y los intentos de la Fiscalía General de Guatemala de impedir la investidura del presidente electo Fernando Arévalo en 2023. Podemos sufrió una descarada persecución judicial durante años. Más grave aún fue el caso del independentismo catalán, perseguido injustamente no ya por actores privados, sino por el Estado español. El Ayuntamiento de Barcelona, su alcaldesa y muchos de sus concejales recibieron entre 2015 y 2023 una avalancha de querellas y denuncias  por todo tipo de actuaciones. Entre los denunciantes se cuentan partidos conservadores, fondos de inversión, especuladores e incluso organizaciones fantasmas creadas presuntamente por una multinacional. Las denuncias se fueron archivando, pero cada una de ellas traía la correspondiente ola de portadas e informativos. Cuando las denuncias eran rechazadas, la atención mediática era mucho menor. Es probable que el lawfare, además de detener algunas políticas municipales, dañase considerablemente la imagen de honradez de los ‘comunes’ y de su líder – una cuestión especialmente sensible para un partido de la llamada ‘nueva política’.

El futuro de Colau ha sido uno de los temas más comentados tras la derrota electoral de 2023. Como bien saben las izquierdas latinoamericanas, un liderazgo excepcional es a menudo clave para romper la inercia política y permitir a la izquierda radical llegar al poder, pero el necesario relevo de estas personas puede ser un enorme quebradero de cabeza que llega a poner en peligro los proyectos políticos. El código ético de Barcelona en Comú como norma general limita a dos mandatos consecutivos (8 años) el máximo que una persona puede ocupar un cargo público, pero contempla la posibilidad de una autorización excepcional para un tercer mandato, que la militancia concedió a Colau para que pudiese ser candidata de nuevo en 2023. Después de la derrota electoral, muchos esperaban que abandonase el liderazgo del partido, pero en enero de 2024 anunció su intención de quedarse en el ayuntamiento, por ahora como concejala de la oposición (un síntoma de la dificultad de encontrar un relevo a la altura de Colau). Una cuarta candidatura consecutiva de Colau, en 2027, simbolizaría la renuncia al principio de rotación de cargos, uno de los principales rasgos de la ‘nueva política’ que transformó el panorama institucional español.

Partido, ayuntamiento y movimientos sociales

La fuerte cohesión interna de Barcelona en Comú también se explica por el hecho de haber estado en el gobierno prácticamente desde su fundación —ocupar cargos institucionales es uno de los pegamentos más efectivos para cualquier partido—. Estar tanto tiempo en el poder ha permitido desplegar el programa político en mucha mayor medida que el resto de candidaturas municipalistas del Estado, pero también ha supuesto un precio organizativo para Barcelona en Comú: la máxima dirección política ha estado de hecho situada en el ayuntamiento (en la alcaldía, sobre todo), mientras que los órganos del partido han tenido muy poco peso político. Todavía es una incógnita si la salida del gobierno municipal incrementará el poder del partido o si los concejales seguirán siendo la dirección de hecho, incluso estando en la oposición.

Para terminar, hay que señalar la estrecha conexión de Barcelona en Comú con diversos movimientos sociales de la ciudad, más amplia y diversa que en otras candidaturas municipalistas. Como se ha dicho, Barcelona tiene una tradición de organización popular mucho más fuerte que Madrid y otras ciudades. El nuevo partido consiguió captar activistas de una amplia diversidad de movimientos, como plataformas por derecho a la vivienda, ecologistas, feministas o sindicalistas. La presencia en el ayuntamiento de tantas personas que habían pasado por el activismo facilitó una época de relaciones de colaboración entre tejido social e institución, si bien se mantuvieron las críticas de los movimientos ante la inevitable frustración de algunas de las expectativas puestas en los gobiernos de Colau. Más conflictivas fueron las relaciones con movimientos surgidos durante el segundo mandato (2019-2023), como algunas asambleas barriales por el derecho a la vivienda (en algunos casos de orientación anarquista o relacionadas con la izquierda independentista) que protestaron a menudo contra las limitaciones de las políticas municipales sociales y de vivienda

4. Aprendizajes

El análisis de la experiencia de Barcelona en Comú permite extraer algunas conclusiones que, más allá del contexto específico de Barcelona, pueden ser útiles para otros movimientos políticos municipalistas.

1. El poder de las élites. El establishment político, económico y mediático de Barcelona nunca toleró que un partido como Barcelona en Comú estuviese en el gobierno, e hicieron todo lo que estuvo en su mano para expulsarlo, incluyendo campañas mediáticas y una guerra judicial que debilitaron la credibilidad de Colau y su partido. En 2023 las derechas españolista e independentista se unieron en torno a la candidatura de Trias. Al elegir a Trias como principal objetivo de sus ataques durante la campaña electoral, los ‘comunes’ contribuyeron indirectamente a reforzar su candidatura, infravalorando la capacidad de los sectores conservadores de superar sus diferencias y concentrar el voto en un candidato. Incluso cuando ocupan una posición de poder institucional destacada, los proyectos municipalistas transformadores siempre se encontrarán con la oposición activa de las élites y tendrán que tejer y cuidar las alianzas necesarias para hacerles frente, con actores como movimientos sociales, otros partidos de izquierda y medios de comunicación críticos.
2. Equilibrios electorales. La coalición electoral que llevó a Colau al poder en 2015 fue una alianza de clases medias y populares. Este bloque electoral cambió a lo largo de los 8 años de alcaldía, de manera que las clases medias pasaron a representar un porcentaje mayor del electorado de los ‘comunes’. Esta modificación de la coalición electoral (debido en parte a la recuperación del Partido Socialista entre los sectores populares) llevó a Barcelona en Comú a destacar cada vez más en su comunicación las políticas públicas apreciadas por las clases medias, como las relacionadas con la educación o la transformación urbana. Se restó visibilidad a temas sociales orientados a las clases populares, en parte por la dificultad de conseguir atención mediática para estas políticas, y en parte por considerarse menos atractivas electoralmente. Sin embargo, son justamente los temas sociales, acompañados de un discurso impugnatorio anti-élites, los que permiten a Barcelona en Comú distinguirse de otros partidos etiquetados como progresistas. Al tener un discurso más dirigido a la clase media y poco impugnatorio, los ‘comunes’ perdieron elementos de diferenciación respecto a sus competidores electorales directos. Este ejemplo muestra que los proyectos municipalistas están obligados a vivir en el difícil equilibrio entre las tácticas puramente electorales y cuidar su identidad de fuerza transformadora.
3. La autonomía del partido respecto a la institución. La concentración del poder en la alcaldesa y los concejales impuso las lógicas institucionales al conjunto del partido. Los órganos del partido deberían haber tenido más capacidad de decisión, por ejemplo marcando las prioridades de políticas públicas y la política de alianzas con otras formaciones políticas de manera autónoma respecto al equipo de gobierno. Además, un reparto del poder más equilibrado entre los concejales y los órganos de partido quizás habría permitido enfrentarse en mejores condiciones a la pérdida de la alcaldía – al tener una vida partidaria menos dependiente de la institución (desde relaciones con movimientos sociales no mediadas por el ayuntamiento a actividades de formación y reflexión teórica, por ejemplo).
4. El liderazgo, una cuestión no resuelta en la izquierda. Barcelona en Comú es un partido extremadamente dependiente del liderazgo de Ada Colau, que durante sus años en el gobierno acumuló mucho poder. La dependencia de su figura es una debilidad para la continuidad a largo plazo del proyecto político y la sucesión es una cuestión no resuelta. Resulta preocupante que después de tantas experiencias, a ambos lados del Atlántico, de partidos de izquierda con problemas de hiperdependencia respecto a un liderazgo carismático, siga siendo tan difícil discutir la cuestión colectivamente dentro de las organizaciones y encontrar soluciones satisfactorias.
5. La maldición de las expectativas. El manejo de las expectativas es uno de los principales retos de un partido de izquierdas que llega al poder por primera vez. Sin optimismo y épica, estos partidos no pueden ganar. Pero si se generan expectativas excesivas, la decepción los castiga con más dureza que a los partidos tradicionales. Los ‘comunes’ sufrieron durante su primer mandato los efectos del exceso de expectativas, lo que produjo una actitud demasiado prudente en algunos aspectos durante el mandato 2019-2023 – por ejemplo, el temor a proponer políticas públicas ambiciosas sin conocer de antemano y con precisión su viabilidad técnica entorpeció la campaña electoral del 2023. Seguramente si el partido hubiese tenido más autonomía respecto al ayuntamiento, la ambición programática habría sido mayor, al pensar fuera de las estrechas lógicas de lo que es posible en la institución.
6. La gestión no gana elecciones. Bajo el mandato de Ada Colau se desplegó la agenda política más transformadora que ha conocido Barcelona en décadas y la campaña electoral del 2023 se centró en explicar este cambio, especialmente en el urbanismo. Sin embargo, el ejemplo de Barcelona muestra que la gestión (sola) no gana elecciones, especialmente en el ámbito local, donde la ciudadanía no sabe en muchos casos qué competencias corresponden a cada administración y muchas de las políticas públicas se dirigen a grupos específicos (como sucede con las políticas sociales municipales). Por eso, a menudo la suerte de unas elecciones se decide por elementos externos a la ciudad (el debate sobre el independentismo, por ejemplo) y en discusiones sobre las políticas más ampliamente reconocidas como responsabilidad del ayuntamiento: urbanismo, basuras y seguridad. Ante la dificultad de ganar elecciones solo explicando la gestión realizada, partidos transformadores como Barcelona en Comú necesitan estrategias para mantener la adhesión emocional de su base electoral, especialmente un discurso impugnatorio que siga la lógica populista de señalar el poder de las élites (lobbies inmobiliarios y financieros, grandes empresas eléctricas…).
7. Los equipos importan. Los intereses y ámbitos de especialización política de los líderes determinan en gran parte la priorización de políticas. No es casualidad que el ayuntamiento hiciese políticas de vivienda punteras y ambiciosas, mientras el proyecto político fue relativamente más débil en ámbitos clásicos de la política económica, como la promoción de sectores industriales específicos, el comercio o la relación con las pequeñas empresas, debido a la escasez de perfiles especializados en este ámbito. (La relativa debilidad de los ‘comunes’ en economía es compartida con otras organizaciones de izquierda, que, después de décadas de neoliberalismo, tienen dificultades para formular alternativas económicas concretas). Para paliarlo, es fundamental una composición equilibrada de los equipos políticos, donde los diversos ámbitos de especialización estén presentes.
8. Institución y movimientos sociales. La entrada de numerosos activistas al gobierno de los ‘comunes’ tuvo el efecto indirecto de debilitar los movimientos en los que militaban, si bien en general el tejido activista se recompuso. Una vez en el poder, los gobiernos de Colau se alimentaron del conocimiento y las propuestas de los movimientos sociales. En algunos casos también recibieron su presión, aunque esta fue sensiblemente menor que con gobiernos de otra orientación política. Sin embargo, no se produjo ni una desactivación generalizada de los movimientos ni su cooptación por el ayuntamiento. Que se mantuviese la autonomía de los movimientos durante los 8 años es fundamental, ya que son los movimientos– y no los partidos – el motor del cambio político a largo plazo.

 

Pablo Castaño es periodista y doctor en Ciencia Política por la Universitat Autònoma de Barcelona. Trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona durante 4 años (2019-2023), primero como jefe de gabinete de la Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, y después en el equipo de Coordinación de Gobierno de la Alcaldía. Formó parte del Comité de Campaña para las elecciones de 2023. Actualmente colabora con diversos medios de comunicación e imparte clases en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en los grados de Periodismo, Ciencia Política y Relaciones Internacionales