Línea de alta tensión sobre un pueblo wayuu, La Guajira. Pablo CastañoPablo Castaño
Línea de alta tensión sobre un pueblo wayuu, La Guajira.
Pablo Castaño

El proyecto de transición socioecológica del gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Las políticas verdes fueron la gran asignatura pendiente de la ola progresista que gobernó buena parte de América Latina durante la primera década y media del siglo XXI, mientras que ahora Gustavo Petro ha colocado el ecologismo en el centro de su proyecto político para Colombia. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, José Mujica… todos ellos se encontraron con economías poscoloniales donde el extractivismo era una de las principales fuentes de riqueza, y su prioridad fue mejorar la distribución de esta riqueza.

En gran medida, consiguieron repartir mejor los beneficios de la exportación de gas, petróleo, minerales, productos agrícolas o forestales. La pobreza y las desigualdades se redujeron gracias a una combinación de precios altos de las materias primas en los mercados mundiales y ambiciosas políticas sociales y de extensión de derechos. A pesar de la crisis financiera mundial de 2008, el porcentaje de población en situación de pobreza en la región bajó del 45 por ciento en 2002 a menos del 30 por ciento en 2015, según datos de la CEPAL. Sin embargo, la fuente de esta riqueza siguió siendo la misma: la explotación masiva de recursos naturales y su exportación, lo que agravó problemas ambientales como la deforestación y alimentó con fuerza renovada al monstruo de la economía fósil global. No es casual que algunos de los principales conflictos de gobiernos de izquierda con sus bases sociales tuviesen su origen en cuestiones ambientales.

Por ejemplo, el presidente boliviano Evo Morales enfrentó una considerable oposición a su proyecto de construcción de una carretera en el territorio protegido del TIPNIS, que unió a indígenas y activistas ambientalistas contra el gobierno. En Ecuador, Rafael Correa recibió fuertes críticas por autorizar exploraciones petrolíferas en el parque natural del Yasuní, después de que fracasara su plan de recaudar ayuda económica internacional a cambio de preservar el valioso ecosistema. Estas polémicas iniciativas contrastan con ciertas políticas ambientales de otros gobiernos progresistas, como la relativamente eficaz lucha de Lula contra la deforestación del Amazonas, que el ultraderechista Jair Bolsonaro revirtió.

El margen de maniobra que tuvieron estos gobiernos para diversificar economías modeladas por siglos de colonialismo y poscolonialismo era estrecho, tal y como muestra la experiencia de gobiernos latinoamericanos que en décadas anteriores intentaron reducir su dependencia del exterior mediante la sustitución de importaciones, con resultados limitados. Ningún gobierno puede cambiar en unos años una inercia económica de siglos. Pero también es cierto que ninguno de los ejecutivos progresistas de la región tuvo como prioridad una transformación verde de la economía. Hubo intentos de diversificar los sistemas productivos nacionales, pero no así un proyecto coherente para limitar el extractivismo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o promover con decisión sectores verdes como las energías renovables. Gustavo Petro se ha propuesto dar un giro radical respecto a sus predecesores en la izquierda latinoamericana, poniendo el ecologismo en el corazón de su proyecto político para Colombia. «Por primera vez en Colombia se habla de crisis climática, justicia ambiental, transición energética justa… estos conceptos, en el centro de los debates públicos nacionales, crean nuevas dinámicas también desde la sociedad civil, un nuevo espacio político», resume Irene Vélez, ex ministra de Minas y Energía de Petro.

La apuesta ambientalista del nuevo gobierno fue explícita desde la publicación del programa del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2022. Bajo el lema «Colombia, potencia mundial de la vida», la coalición de izquierdas proponía «transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias para generar capacidades nacionales que nos permitan enfrentar los efectos del cambio climático». Al situar las propuestas ambientales y climáticas en el apartado económico del plan de gobierno, el Pacto Histórico se proponía superar la habitual oposición entre economía y políticas ambientales, línea que Petro ha seguido desde su elección al presentar la lucha contra la crisis climática como una oportunidad para desarrollar y diversificar la economía colombiana. La Hoja de Ruta de la Transición Ecológica Justa, que guía las políticas ambientales del gobierno, explicita esta perspectiva socieocológica en los siguientes términos:

El gobierno […] ha planteado que la transición energética debe ser justa, de forma tal que al tiempo que promueve y fortalece la implementación de energías renovables con una transformación tecnológica, propicia la transformación productiva del país a partir de la agricultura, el turismo, la industria, la bioecononomía y la generación de ingresos a partir de las fuentes de energías renovables. En su conjunto, la transición energética justa redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, así como aportes a la mitigación y adaptación al cambio climático, y la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Dos años después de su llegada a la presidencia se ha confirmado que la apuesta verde no era solo palabras, sino que se ha plasmado en la acción de gobierno, aunque con lentitud y muchos obstáculos.

Este informe analiza los principales aspectos de la transición socioecológica iniciada en Colombia en 2022, centrándose en los debates que este proyecto político está abriendo y que pueden ser de interés para las fuerzas políticas y sociales progresistas más allá del país sudamericano.

El informe responde a tres objetivos generales (OG) y un objetivo transversal (OT):

OG 1. Investigar y explicar los principales aspectos de la transición socioecológica iniciada por el gobierno colombiano.

OG 2. Identificar los principales retos y contradicciones políticas de la transición.

OG 3. Conectar los principales debates de la transición socioecológica colombiana con la conversación global sobre la crisis ambiental.

  1. Incorporar la perspectiva interseccional en los diversos objetivos, con especial atención a la diversidad étnico-racial.

El informe se estructura en cinco apartados temáticos sobre los principales ámbitos de políticas públicas que componen la transición socioecológica del gobierno del Pacto Histórico: 1) Poner barreras al capital fósil, 2) Hacia una expansión justa de las energías renovables, 3) La protección de los bosques y la biodiversidad, 4) La transformación de la agricultura, y 5) La agenda internacional.

El informe sigue una metodología cualitativa basada en dos métodos:

  1. Consulta y análisis de documentos políticos, oficiales y legislación.
  2. Entrevistas con responsables políticos y miembros de movimientos sociales especializados en cuestiones ambientales.

 

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