Una oportunidad perdida: la receta hispánica a la inflación de los alimentos
Aunque en España se planteó la creación de una cesta básica de alimentación a precios reducidos, las medidas se redujeron a bonificaciones del IVA y cheques a colectivos vulnerables
Eran mediados de 2021 y Europa salía de una pesadilla para entrar en otra. En aquel verano, tras más de un año lidiando con la COVID19, la esperanza comenzaba a aflorar a medida que las vacunas se iban generalizando y se dejaban atrás los peores momentos de la pandemia. Pero otro frente se abría: el de una inflación galopante, con la recuperación económica y la subida del precio de la energía de fondo, que pondría patas arriba el continente. Y en España, un país que venía de varios años de inflación reducida, la espiral fue incluso más pronunciada que en otros países europeos.
Así, España alcanzó en diciembre de 2021 un incremento de precios interanual del 6,5%, el dato más alto desde mayo de 1992. El mayor pico se alcanzaría en julio de 2022, con un aumento del 10,8% interanual, cifras que no se habían visto desde los años 80 del siglo pasado. La energía sería la principal responsable, pero los alimentos también tendrían una espiral inflacionaria mayor a la de otros productos. Así en julio de 2022, los precios de los alimentos sin elaboración aumentaron un 13,4% y los precios de alimentos elaborados se aceleraron nueve décimas, hasta el 11,9% interanual.
“Los alimentos tuvieron un incremento descontrolado. Y en nuestra opinión, ese incremento descontrolado tenía mucho que ver con la gran distribución”, explica Manuel Lago Peñas, diputado de la coalición de izquierdas Sumar, quien participaría en la elaboración de propuestas ante el incremento de los precios de los alimentos desde su puesto entonces en el Ministerio de Trabajo.
El rápido incremento de los precios llevó a una intervención casi inmediata del gobierno. El ejecutivo estaba entonces en manos de una coalición de izquierdas, formada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganador de las elecciones pero sin mayoría absoluta, y Unidas Podemos, una coalición en sí misma formada por Izquierda Unida y Podemos, ambos partidos a la izquierda del PSOE. La coalición acabaría mutando dos años después en Sumar, la formación a la que ahora pertenece Lago, y Podemos la abandonaría.
Así, las primeras medidas sobre mercado eléctrico se tomarían en septiembre de 2021, con rebajas fiscales y un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad que buscaba reducir la factura final de los hogares. Sin embargo, la guerra de Ucrania empeoraría la situación del suministro energético y de alimentos en Europa y obligaría a tomar nuevas medidas. La más significativa en España sería la llamada Excepción Ibérica o el “tope al gas”, que suponía la limitación en la referencia del precio del gas a la hora de vender al sistema eléctrico. Esto implicaba, de facto, reducir la factura de la electricidad, puesto que era el gas quien estaba empujando los precios de la energía hacia arriba. Esta limitación “redujo la factura media de los consumidores con (precios regulados) en un 24 % entre la fecha de entrada en vigor de la medida el 15 de junio de 2022 y el 31 de agosto, segun un estudio.
Se tomaron además otras medidas, muy centradas en energía y transporte, como la limitación del precio de la bombona de butano, muy común aún sobre todo en zonas rurales de España, y la bonificación del precio del carburante de 20 céntimos por litro. Esto pronto se reflejó en otros sectores de la economía que también comenzaron a decelerar su crecida de precios, hasta que en junio de 2023, España se convirtió el primer país de la eurozona en reducir la tasa de inflación por debajo del 2%, el nivel máximo considerado por el Banco Central Europeo como óptimo. Y mientras el resto de los sectores se contagiaba de las reducciones en las facturas energéticas, la alimentación no hacía lo mismo.
El origen del aumento de precios
Cuando los precios de la energía ya habían empezado a bajar como consecuencia del tope al gas, los precios de los alimentos continuaron disparados. Así, la energía ya había bajado un 22% en diciembre de 2022, mientras que la alimentación continuaba subiendo hasta un 15,7% interanual, la cifra más alta conocida desde el comienzo de la serie que el Instituto Nacional de Estadística lleva realizando desde enero de 1994. Esto representa un incremento medio de más de 80 euros mensuales por hogar, según los datos de Justicia Alimentaria, una organización que trabaja por el derecho a una alimentación saludable, en un país donde el Salario Mínimo Interprofesional se situaba entonces en los 1.000 euros al mes. “Hemos asumido esta nueva realidad de precios altos en los alimentos”, añade Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
Los precios se mantuvieron al alza durante varios meses más y contribuyeron una media de 2,9 puntos porcentuales a la inflación entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, según un estudio publicado en la Structural Change and Economic Dynamics por los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero e Ignacio Álvarez. Así, el componente alimentación fue mucho más importante en España, donde contribuyó en un 40% al incremento de la inflación, que en otros países europeos, donde la media fue de un 27%. “Esto refleja el aumento del precio de los insumos intermedios en el sector primario, que se ha trasladado en gran medida a los precios al consumidor”, asegura el estudio. España es uno de los principales productores de alimentos de Europa, especialmente de frutas, verduras y carne de cerdo, y las exportaciones agroalimentarias suponen un 18,4% de las ventas realizadas por España a países extranjeros debido a su alta competitividad en precios.
Sin embargo, la desaceleración de los precios de los insumos, especialmente energéticos, lanzaron la mirada hacia el papel de la distribución en la conformación de los precios de alimentación. “Es cierto que hubo algunos elementos estructurales (del sector agrícola) en el incremento de los precios, como el aumento del precio de los fertilizantes vinculado a la invasión de Ucrania o el incremento de los combustibles, pero la subida que se dio en los alimentos no estaba justificado (por esos elementos estructurales)”, explica Manuel Lago. Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria, coincide con el diputado. “El incremento de precios tuvo que ver fundamentalmente con el aumento del margen de las distribuidoras”, añade Guzmán.
Esto quedó especialmente patente en los beneficios que las grandes cadenas de supermercados obtuvieron en 2023, cuando se estaban viviendo los peores momentos de la espiral inflacionaria de alimentos. Así, Mercadona, la principal cadena de supermercados del país, obtuvo un 40% más de beneficios que durante el año anterior. Consum, por su parte, los incrementaría en un 75,2%, y Eroski, en un 69,8%, según datos de las empresas recogidas por el diario El País.
Ante esta situación, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos recién elegida tras la renuncia de Pablo Iglesias, se erigió como una de las principales agentes en la lucha contra la subida de precios en los alimentos. “Nosotros empezamos con una idea, que era limitar los incrementos de los precios, pero eso fue un camino en el que, dentro del Gobierno, no encontramos la puerta abierta para actuar”, explica Lago.
En realidad la idea era similar a lo que se había hecho con los carburantes: bonificar el precio del producto al pasar por caja. “Con la ley en la mano se podrían haber limitado los precios, porque se topó el precio del gas. Pero lo que se plantearon fueron bonificaciones” asegura otra fuente que participó en las negociaciones pero que quiere mantener el anonimato. El Ministerio de Hacienda se habría, sin embargo, opuesto a la medida al entender que era muy difícil aplicar esa bonificación en un mercado con tantos oferentes como el de la alimentación y que una aplicación sólo en grandes supermercados perjudicaría a las pequeñas tiendas de barrio.
Una cesta básica fallida
Ante la negativa a limitar los precios, los Ministerios de Trabajo y el de Consumo propusieron en septiembre de 2022 crear una cesta de consumo básica a precios reducidos para ayudar a las familias más vulnerables a seguir manteniendo una dieta saludable. “Nosotros hablábamos de definir una cesta de productos de alimentación, pero también de higiene femenina y otros productos básicos de la cesta de la compra, en el que las empresas se comprometieran a tener un margen mínimo, incluso un margen cero”, explica Lago. “En un hipermercado igual hay unas 5.000 referencias. Nosotros hablábamos de elegir 100 referencias”, continúa. Así, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), entonces dependiente del Ministerio de Consumo, propuso una Guía de productos esenciales para una cesta de la compra nutricionalmente de calidad, saludable y sostenible que debía servir de base para componer esas cestas básicas.
La propuesta llegó a sentar a la mesa a los representantes de la distribución e incluso Carrefour presentó una cesta básica de 30 productos por 30 euros, que, sin embargo, no fue bien recibida por las asociaciones de consumidores. “Carrefour incluía productos que no son saludables, como mermeladas, galletas, chocolate, o pan de hamburguesas, y que además son baratos. Pero en cambio había escasez de productos frescos o aceite. No ayudaba en nada realmente a tener una cesta de la compra saludable a un precio accesible”, explica Eduardo Montero, responsable de Alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Carrefour se quedó, sin embargo, sola en su propuesta. “Nosotros estuvimos por lo menos un mes y medio negociando con las tres grandes patronales de la distribución pero no conseguimos llegar a un acuerdo final con ellas”, explica Lago.
En diciembre de 2022, el gobierno adoptó finalmente un paquete de medidas que incluía la rebaja el IVA del 4% al 0% a los alimentos de primera necesidad y una ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros. “El Gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladen de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos», aseguró el presidente del gobierno Pedro Sánchez durante la presentación del paquete de medidas.
Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil lanzaron dudas sobre la capacidad del gobierno de controlar si la rebaja del IVA se trasladaba a los precios y muchas denunciaron a los supermercados por absorber como beneficios las medidas fiscales. “Nosotros proponíamos que se interviniera en las políticas alimentarias directamente a los precios, porque la gente no podía comer. Pero no se hizo nada de eso, tampoco lo de la cesta básica. Sólo se rebajó el IVA y los efectos fueron muy limitados porque básicamente aumentaron los márgenes las grandes distribuidoras”, denuncia Javier Guzmán.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicaría en agosto de 2023 un informe asegurando que no había detectado “problemas sistemáticos” en la traslación de la bajada del impuesto. Sin embargo, los datos de la inflación durante esos meses apenas reflejaron la rebaja del IVA. Así, en enero de 2023, el primer mes con la medida en funcionamiento, los precios de los alimentos sólo redujeron su crecimiento en 3 décimas, pasando del 15,7% interanual registrado en diciembre de 2022 al 15,4% de ese mes. En el cómputo total del 2023, la alimentación fue el grupo que más aumentó sus precios durante el año, con una tasa del 11,7%. Y los precios se han mantenido elevados desde entonces, con un incremento del 35,5% entre 2021 y 2024, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La medida también tuvo otra crítica generalizada: mientras que una cesta de productos básicos hubiera beneficiado sobre todo a colectivos vulnerables, que son quienes suelen comprarlos, una reducción generalizada del IVA afectaba también a alimentos “premium”, beneficiando también a las clases pudientes. Incluso el Banco de España apuntaba en un informe que “la mayor parte de las medidas fiscales adoptadas en España […] para hacer frente a la crisis energética y al repunte de los precios tendrían un carácter eminentemente generalizado, en lugar de estar focalizadas en los hogares o las empresas más vulnerables”.
Para Guzmán esto ha tenido una clara consecuencia: muchas personas se han visto obligadas a cambiar su dieta, introduciendo muchos más ultraprocesados en su día a día. “El pescado para muchas familias se ha convertido en un artículo absolutamente de lujo. Se consume menos carne de calidad, y mucho más procesados e hidratos y platos preparados, que son más baratos y más hipercalóricos, pero que tienen un efecto tremendo negativo en la salud de la gente, sobre todo en la población infantil”, denuncia Guzmán. “Es un efecto invisible, pero en unos años vamos a ver un enorme problema de salud pública”, concluye.