El impacto de las políticas de la UE en la vivienda y el desarrollo urbano

La UE presenta graves discrepancias entre sus declaraciones y sus políticas reales. Esto se manifiesta también en el ámbito de la vivienda.

De acuerdo con su propia presentación, la Unión Europea (UE) se fundamenta en principios y valores como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho, con el fin de promover la paz y la estabilidad. En este contexto, las enormes desigualdades, las elevadas tasas de pobreza y los múltiples casos de precariedad vital dentro de todos los Estados miembro resultan aún más dramáticos y ponen de manifiesto que la UE presenta graves discrepancias entre sus declaraciones y sus políticas reales. Esto se manifiesta también en el ámbito de la vivienda.

Aunque la competencia en materia de políticas sociales y de vivienda recae principalmente en los Estados miembro, es importante señalar que la gobernanza económica de la UE, arraigada en una economía política neoliberal, produce efectos sociales negativos en cada país. Dicho modelo de gobernanza debilita la capacidad tanto de las instituciones de la UE como de los Estados miembro para contrarrestar las consecuencias del movimiento no regulado del capital y de los mercados financiarizados. Esto es especialmente relevante en el caso de la vivienda, dado que esta constituye tanto una cuestión económica como social: posee un valor de cambio y un valor social/de uso. Para algunas personas, la vivienda es un bien inmobiliario, mientras que para otras es un hogar.

Debemos priorizar el valor social de los hogares por encima de su mercantilización, conversión en activos o financiarización.

Se la concibe tanto como un derecho socioeconómico como un activo financiero. Por lo tanto, para garantizar que la vivienda sea un derecho social a través de políticas sociales, es necesario adoptar medidas económicas que eliminen las desigualdades habitacionales y creen las condiciones materiales que permitan que todas las personas, independientemente de su clase social, origen étnico, género u orientación sexual, puedan ejercer sus derechos garantizados por la ley. Así es como debe funcionar una política democrática socialista: incorporando a las clases trabajadoras en los procesos de toma de decisiones, satisfaciendo sus necesidades de vivienda y priorizando el valor social de los hogares por encima de su mercantilización, conversión en activos o financiarización.

Dado que la mayor parte de la población de la UE vive en ciudades de distintos tamaños y que las ciudades metropolizadas se desarrollan conjuntamente con sus áreas rurales circundantes, este estudio aborda la cuestión de la vivienda como una cuestión urbana. El análisis del conjunto de iniciativas sobre vivienda que han puesto en marcha las instituciones de la UE lleva a la conclusión de que las propuestas para resolver la escasez de vivienda social y asequible se limitan a declaraciones retóricas que no se traducen en acciones legislativas. Asimismo, estas iniciativas en su mayoría evitan referirse explícitamente a la inversión en vivienda pública. Prima la convicción política de que, en general, y particularmente en el ámbito de la construcción y gestión de la vivienda, las medidas de la UE y de los Estados deben apoyar al sector privado y al capital, reduciendo al mínimo la implicación directa del sector público en la creación de vivienda.

Los efectos de las políticas de la UE en los distintos Estados miembro son diversos y dependen de los legados de los regímenes de vivienda históricos en cada país, de su posición central o semiperiférica dentro de la UE y de su grado de integración en los flujos globales de capital en el ámbito del desarrollo inmobiliario (residencial). No es posible abordar estas especificidades en el marco de este estudio, pero cabe señalar que las políticas de la UE pueden influir sobre la situación de la vivienda en los Estados miembro de distintas formas, más allá de sus rasgos generales, que incluyen la privatización, la mercantilización, la financiarización, la rentificación, la posición privilegiada de la inversión institucional y la explotación de la necesidad de vivienda por parte de quienes obtienen beneficios mediante la promoción, distribución y las transacciones inmobiliarias.

El agravamiento de la crisis de la vivienda no se debe únicamente a las crisis cíclicas del capitalismo, producidas por la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación e inversión rentable por parte del capital, sino también a las políticas económicas y sociales diseñadas e implementadas por los Estados y por actores transestatales. Para inducir un cambio radical en la situación de la vivienda en los Estados de la UE, es preciso formular una crítica explícita sobre cómo las políticas sociales deficientes y el modelo de gobernanza económica reproducen un régimen de vivienda injusto en toda Europa, en el marco del capitalismo global (pos)neoliberal. Es urgente llevar a cabo transformaciones económicas y sociales profundas en las políticas multiescalares que configuran el entorno urbano y la vivienda. Por ello, este estudio define una serie de recomendaciones desde una perspectiva democrática socialista, que conciben las políticas urbanas y de vivienda como pilares de una nueva Unión Socioeconómica basada en los principios de socialización y desfinanciarización.